La reforma fiscal tendrá un efecto neutro o nulo sobre las empresas, ya que la bajada del tipo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades se compensará con la supresión de deducciones, pero incrementará la inseguridad jurídica que sufre el sistema tributario español. Así lo creen los cerca de 400 catedráticos y responsables de fiscalidad de compañías nacionales e internacionales y directivos de asociaciones profesionales que forman el Consenso Fiscal de PwC Tax & Legal Services, que señalan que el impacto de la reforma fiscal se concentrará en beneficio de rentas medias y bajas, pero apenas tendrá consecuencias para las empresas.
Preguntados por los efectos de la reforma fiscal en la carga impositiva de las empresas, un 32% cree que disminuirá, otro 32% que permanecerá igual y un 36% que aumentará. Tampoco hay una calificación unitaria sobre la eliminación de incentivos, que casi a partes iguales se considera necesaria o innecesaria.
Sin embargo, sí que concita acuerdo el impacto de la reforma en el endeudamiento de las empresas: la mitad de los encuestados considera que la reforma contribuirá a disminuir el apalancamiento, frente a un 37% que cree que no tendrá impacto. Esta cifra pone de manifiesto que el mensaje de Hacienda ha calado, ya que se trataba de uno de los principales objetivos que ha guiado las modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades.
Los expertos consultados muestran su preocupación por la falta de seguridad jurídica del sistema. Para un 76%, ésta es baja o muy baja. Sólo el 23% del consenso considera que la reforma aumentará la seguridad jurídica y simplificará los tributos, frente a un 46% que opina lo contrario.
Los encuestados consideran que se ha perdido una buena oportunidad para acometer algunos cambios necesarios en nuestro sistema fiscal. Por ejemplo, el 57% cree que hubiera sido positivo o muy positivo avanzar en una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social a cambio de una subida de impuestos indirectos, como recomiendan la OCDE, el FMI y la UE y el propio Comité de sabiosnombrado por el Gobierno. Precisamente, en relación al debate entre imposición directa e indirecta, el 54% cree que el peso de los impuestos indirectos en nuestro sistema tributario debería ser mayor. En la actualidad, la fiscalidad indirecta aporta el 42% de los ingresos tributarios totales, y la directa, el 56%.
Los expertos comparten una percepción generalizada de que los sistemas ofrecidos por nuestra normativa para la resolución de conflictos no son eficaces: un 75% lo cree. Por tanto, no es de extrañar que los expertos no esperen una mejora en este aspecto con la reforma fiscal. De hecho, el 69% de los entrevistados espera que se incremente la conflictividad.
Se aprecia un ligero incremento en la preocupación relativa a la coexistencia de varios sistemas tributarios –estatal, autonómico y municipal– cuando la reforma sólo modifica los impuestos estatales: un 83% la califica de perjudicial. Al ser preguntados sobre la presión fiscal en España, disminuyen, respecto del Consenso del primer semestre, quienes estiman que es muy elevada (se pasa del 35% al 26%), aunque se mantiene el porcentaje de quienes creen que es alta (del 49% pasa al 50%).