La necesidad agudiza el ingenio y las comunidades autónomas se han lanzado en los últimos años en busca de nuevos hechos imponibles para mejorar, con escaso éxito, sus maltrechas cuentas. Todo aquello que no es gravado por una Administración es susceptible de incorporarse en el sistema tributario. Así, existen tipos y tasas para bolsas de plástico, gases fluorados, tierras infrautilizadas, aprovechamientos cinegéticos, agua embalsada y un largo etcétera. Las comunidades autónomas han sido con diferencia las más proactivas en la creación de nuevos tributos en las áreas sobre las que tienen competencia.
En el año 2007, antes de la crisis económica, las comunidades contaban con 48 figuras impositivas. En 2015, mantiene 76 impuestos propios. En este grupo no entran tributos sobre los que las comunidades tienen amplia competencia pero que son de titularidad estatal como el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el impuesto sobre actos jurídicos documentados.
Cataluña es, con diferencia, la comunidad que ha demostrado una mayor inventiva. En 2007 sumaba cuatro impuestos propios y hoy cuenta con 14 figuras impositivas particulares frente a las cinco de media en las comunidades de régimen común. Solo en 2014, el Ejecutivo de Artur Mas fijó cuatro nuevos tributos: el impuesto sobre la producción termonuclear de energía eléctrica y sobre las emisiones contaminantes de óxidos de nitrógeno de la aviación comercial. También estableció un gravamen sobre las operadoras de internet y sobre las viviendas vacías, éste último en fase de tramitación.
Detrás de Cataluña, Andalucía es la segunda comunidad con más impuestos propios. La Junta presidida por Susana Díaz cuenta con tributos que gravan, por ejemplo, las bolsas de plástico, las tierras infrautilizadas, la emisión de gases o los vertidos a las aguas litorales. Baleares, Castilla y León y Castilla-La Mancha, en cambio, suman solo dos impuestos propios.
La mayoría de nuevos gravámenes guardan relación con la fiscalidad medioambiental y se justifican para reducir la contaminación. Sin embargo, su aprobación ha proliferado desde que estalló la crisis económica y la recaudación se derrumbó. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, que grava la compraventa de casas de segunda mano y trámites como la concesión de una hipotética, aportaba a las comunidades 18.160 millones en 2006. Tres años más tarde, esa cifra se redujo a 7.500 millones.
Gravámenes autonómicos
Estos son algunos de los tributos propios que las comunidades autónomas mantienen en su legislación para 2015:
Bolsas de plástico
Andalucía estableció en 2010 el impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso con el fin de disminuir la utilización de este producto contaminante. El tributo recae sobre los titulares de los establecimientos que suministren las bolsas de plástico, que soportan un tipo de cinco céntimos por cada bolsa. Se tata de una figura impositiva con una muy escasa capacidad recaudatoria y que apenas aporta 400.000 euros a las arcas andaluzas.
Depósitos bancarios
El impuesto sobre depósitos bancarios existe en distintas comunidades autónomas, aunque no se aplica porque el Gobierno creó un tributo de estas características de carácter estatal. Extremadura fue la primera región que lo aprobó en 2006, una medida que fue recurrida por Gobierno central. Finalmente, el Constitucional dio la razón a la comunidad autónoma y el Ejecutivo de Mariano Rajoy optó por fijar el tributo a nivel estatal para evitar que el impuesto se aplicara en unas comunidades y en otras no. Actualmente, se recauda en todo el territorio y su tipo asciende al 0,03%.
Pisos vacíos
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó en julio de 2014 un anteproyecto de ley para gravar los pisos vacíos, un tributo que la banca considera inconstitucional y que se encuentra en fase de tramitación.
Tierras infrautilizadas
Andalucía y Asturias mantienen un impuesto sobre tierras y explotaciones agrarias infrautilizadas. En el caso andaluz, el impuesto se creó en 1984 en la Ley de Reforma Agraria. No se ingresó nada en 2012, último dato facilitado por Hacienda. Asturias tampoco recaudó nada por este impuesto