La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se plantea abrir un expediente sancionador formal sobre la normativa que regula la declaración de bienes en el extranjero, a través del Modelo 720.
"Si las autoridades españolas no abordan adecuadamente las preocupaciones que les fueron comunicadas, los Servicios de la Comisión podrían proponer la apertura de un procedimiento de infracción formal. Sin embargo, cualquier decisión formal no se puede anticipar aún en esta etapa", según afirma la Comisión de Peticiones del Europarlamento en una comunicación dirigida a sus miembros, con fecha de 30 de enero de 2015.
La Comisión explica que ha informado al Parlamento Europeo, tanto sobre los contactos preliminares con las Autoridades españolas en el marco del procedimiento piloto sobre las recientes normas que imponen la obligación a los contribuyentes residentes en España de declarar los activos que poseen en el extranjero.
A la luz de la información ofrecida por las autoridades españolas, los servicios de que la Comisión puede concluir que la obligación impuesta a los residentes en España para declarar estos bienes parece venir justificada por la necesidad de garantizar la recaudación tributaria, una supervisión fiscal adecuada y evitar la evasión.
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha reconocido a este último como motivos legítimos para restringir derechos fundamentales de la UE. Sin embargo, las medidas nacionales que restringen las libertades fundamentales deben ser proporcionales.
Reconoce la Comisión que a la luz de la jurisprudencia del TJUE, tiene dudas sobre si esa exigencia se cumple en lo relativo al régimen de sanciones y algunas de las consecuencias que ha generado la normativa española sobre el incumplimiento correcto con la obligación declarativa.
Y concluye señalando que el 16 de diciembre de 2014, los peticionarios, quienes también son denunciantes, han sido informados por encima de los resultados preliminares de los servicios de la Comisión y de las nuevas medidas. Se les dio la oportunidad de presentar sus puntos de vista y se les solicita que informen a los Servicios de la Comisión sobre sus experiencias en relación con la aplicación práctica de la Régimen sancionador español en juego.
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