Bruselas investiga si los activos fiscales de la banca en España suponen ayudas públicas ilegales

La Comisión Europea (CE) ha iniciado una investigación preliminar para determinar si las garantías que ha concedido España a los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) de la banca con el fin de que computen como capital de máxima calidad constituyen ayudas públicas ilegales. El Ministerio de Economía español descarta que la norma sobre activos fiscales constituya ayudas de Estado a la banca. La investigación de Bruselas afecta además a Grecia, Italia y Portugal, que también han recurrido a este tipo de medidas.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó a finales de 2013 una reforma legal para convertir 30.000 millones de esos activos en créditos fiscales. Éstos, al contar con el aval del Estado, pueden seguir computando como capital de máxima calidad. Con ello completó la reestructuración del sector bancario y facilitó que pasara los exámenes del Banco Central Europeo (BCE).

En aquel momento, en el que España estaba sometida a vigilancia por el rescate bancario, la Comisión avaló públicamente la reforma por considerar que "es compatible con el memorándum de entendimiento del programa de asistencia al sector financiero español" y "es en principio compatible con la legislación de la UE, siempre que no constituya una ayuda pública".

¿Cómo funcionan los DTA?

Generan un crédito fiscal a las entidades porque son gastos que han tenido un impacto en las cuentas de los bancos y que no se han podido deducir y generan un derecho a futuro contra la Hacienda Pública.

No son más que meros apuntes contables que se han generado con el paso de los años, es decir, un derecho de cobro que Hacienda reconoce y que pretende compensar en el futuro reduciendo los impuestos que cada ejercicio tienen que liquidar las entidades.

Por eso, cuando se presentó el decreto que permitía a la banca española computar como capital de máxima calidad hasta 30.000 millones de euros, el Gobierno quiso resaltar por boca del ministro de Economía, Luis de Guindos, que no suponía ningún tipo de préstamo, transferencia o ayuda a los bancos, sino una "cuestión contable".

Cartas pidiendo información

"La Comisión ha enviado cartas pidiendo información a los Estados miembros que proporcionan garantías a diferentes tipos de activos fiscales para entender cómo funcionan estas medidas y decidir si hay ayudas públicas o no", ha explicado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Alexander Winterstein en rueda de prensa.

"Podemos confirmar que se han enviado cartas administrativas a España, Italia, Portugal y Grecia", ha agregado la portavoz de Competencia, Lucía Caudet.

Las pesquisas de Bruselas tienen su origen en varias quejas contra estas medidas -que sólo utilizan los países del sur- presentadas entre otros por eurodiputados de otros Estados miembros. Algunos de los países afectados ya han contestado y el Ejecutivo comunitario está analizando las respuestas.

"No es un caso fácil, la evaluación llevará tiempo. En esta fase no tenemos ninguna opinión de si hay ayudas públicas o no", ha resaltado el portavoz, que ha dejado claro que de momento ni siquiera se ha abierto un procedimiento "formal" de investigación.