Marco más adecuado contra la ingeniería fiscal

El Gobierno ha remodelado el proyecto de la Ley General Tributaria para eliminar uno de sus preceptos más cuestionables jurídicamente –la posibilidad de multar preventivamente a las empresas sospechosas de realizar una planificación fiscal agresiva sin necesidad de probar la existencia de delito– y modular las futuras sanciones contra la ingeniería tributaria, que serán de un máximo del 50% de la cantidad no pagada o deducida indebidamente. Unas modificaciones que ofrecen mayor certidumbre a la regulación sobre estas prácticas, necesaria a todas luces en vista de las dudosas maniobras de las están abusando determinadas compañías, en especial las multinacionales tecnológicas de origen estadounidense como Google, Facebook o Apple, para reducir al mínimo el pago de impuestos por sus actividades en España. La persecución de estas prácticas de ingeniería fiscal es una iniciativa conjunta de los países integrados en la OCDE y el G-20 ante la gran pérdida de recaudación que han provocado a sus haciendas, pero debe sustentarse en sólidos cimientos legales que garanticen su proporcionalidad.

La necesidad de aumentar las armas de la Administración Tributaria para luchar contra estas prácticas que bordean la legalidad viene dada no sólo por el daño causado a las arcas públicas, que según la Comisión Europea ascendería a un billón de euros anuales para el global de las haciendas comunitarias, sino por el inadecuado marco regulatorio. Actualmente, el Fisco se está viendo obligado a recurrir a la vía judicial para perseguir estas conductas en procesos cuya resolución se dilata excesivamente y que suelen concluir con la única penalización para las empresas denunciadas de abonar la cantidad por la que inicialmente deberían haber tributado. Un castigo demasiado leve para el daño causado, según Hacienda, pues traslada sobre los contribuyentes una carga adicional excesiva y sitúa en clara desventaja competitiva a las compañías que cumplen adecuadamente con sus obligaciones fiscales sin emplear maniobras de este tipo, y que además no tiene ningún carácter disuasorio para unas prácticas que se pretenden erradicar.

La tipificación de la ingeniería fiscal como infracción tributaria se completará con nuevas obligaciones de información a Hacienda, el incremento de los plazos de prescripción de los delitos y la extensión de las multas por incumplimientos de obligaciones contables y registrales a los retrasos en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Un compendio de iniciativas que elevará la exigencia de resultados en la lucha contra el fraude.