La declaración de bienes en el extranjero, en el aire

“¿Y ahora, qué?”, preguntaban ayer abogados y asesores fiscales a los inspectores de Hacienda que han levantado actas a sus clientes por la declaración de bienes en el extranjero (o Modelo 720), una vez que la Comisión Europea ha abierto expediente a España. Los efectos del expediente preocupan en Hacienda, según ha podido constatar este diario, dada la importancia de la norma dentro de las iniciativas de la lucha contra el fraude y por su potencial sancionador. De hecho, Hacienda sustenta el caso contra Rodrigo Rato en esta declaración. Desde 2013, el Modelo 720 ha aflorado 126.500 millones de euros de cerca de 121.000 contribuyentes y puede generar una importante recaudación por el régimen sancionador denunciado.

¿Qué considera Bruselas ilegal?

A juicio de la Comisión, las sanciones del Modelo resultan desproporcionadas y también cuestiona su imprescriptibilidad. Para argumentar lo excesivo de las sanciones, las pone en relación con otras internas (como las de la declaración del IRPF) aun cuando la que se impone por presentar la declaración fuera de plazo se sancione con importes más reducidos (100 euros por cada dato con un mínimo de 1.500). Además, la Comisión cree que al impedirse la prescripción, se está infringiendo la jurisprudencia comunitaria que sólo justifica un mayor plazo de prescripción para la lucha contra el fraude fiscal cuando resulta proporcionado y la Administración Tributaria no tiene indicios de la existencia de los bienes en el extranjero. Un plazo de prescripción como el español es incompatible con el Derecho comunitario si la Administración ya tiene pruebas de la existencia de bienes en el extranjero a través de otras fuentes, especialmente de otros Estados de la UE, concluye.

¿Qué impacto puede tener?

Si bien los denunciantes, Alejandro del Campo, abogado de DMS Consulting, y la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), cuestionaron numerosos aspectos de la norma, la Comisión admite sólo dos, el régimen sancionador y la imprescriptibilidad, pero son los más trascendentes. Del Campo y Esaú Alarcón, de Aedaf, cuentan que más del 90% de los contribuyentes que tienen conflictos con Hacienda es por casos prescritos. Se entiende por prescrito lo anterior a 2007, declarado en el ejercicio de 2008, ya que la norma entró en vigor en 2012. Estos contribuyentes pueden ahora argumentar que la norma es ilegal y pedir la paralización de sus expedientes. No se descarta que el Gobierno alegue ante la Comisión que va a hacer cambios en el Modelo.

¿A quién afectará?

Cerca de 121.000 contribuyentes han presentado la declaración desde 2013. Desde principios de año, la Agencia Tributaria (AEAT) ha empezado a imponer las sanciones del 150%, que Bruselas considera desproporcionadas. El Fisco ha anunciado que investiga a 7.013 contribuyentes que o bien no han presentado la declaración, o lo hicieron en 2014 cuando deberían haberlo hecho en 2013 o lo hicieron de forma incompleta. Estos contribuyentes se enfrentan a multas de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos o inexactos, con un mínimo de 10.000 euros. Y, sobre todo, sus bienes serán considerados como ganancia de patrimonio no justificada en el IRPF o como renta no declarada en el Impuesto sobre Sociedades, los cuales han de imputarse al período más antiguo entre los no prescritos, con sanción adicional del 150% calculada sobre la cuota. Hacienda no ofrece datos de lo que ha ingresado con estas actas. La primera multa la ha recibido un pensionista andaluz que declaró voluntariamente que tenía en Suiza unos 340.000 euros ya prescritos, al que se exigió pagar 439.000 euros y se le embargaron sus bienes. En el acta, Hacienda explicó que si hubiera imputado directamente en el IRPF de 2012 la cantidad no declarada, se habría evitado la multa del 150%. Esta interpretación puede generalizarse, según trasladó el Fisco al Consejo de Economistas-Asesores Fiscales (Reaf), pero no la dicta ningún texto legal.

¿Qué pasará con el ‘caso Rato’?

Este expediente ofrece argumentos a la defensa de Rodrigo Rato. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que todo el caso Rato se sustenta en su declaración de bienes en el extranjero, en un intento de desvincularlo de la amnistía fiscal a la que se acogió el exvicepresidente, ante las acusaciones de que este proceso benefició a afines al PP.