El Parlamento Europeo (PE) reclama que los Estados miembros que hayan concedido una ayuda fiscal ilegal, no puedan beneficiarse de los importes recuperados a raíz de una infracción de la regulación sobre ayudas fiscales estatales, y pide que dicha cantidad sea transferida a los Estados miembros que hayan sufrido la erosión fiscal de sus bases o al presupuesto de la Unión Europea (UE).
Esta es una de las demandas que la Eurocámara incluye en su Informe anual sobre la política de la competencia, que fue aprobado la semana pasada. Un documento que muestra la preocupación del organismo porque, según afirma, "las actuales prácticas fiscales de algunos Estados miembros comprometen gravemente el mercado único europeo", especialmente en lo relativo a la tributación de las empresas multinacionales.
El Informe, aprobado con 500 votos a favor, 137 en contra y 73 abstenciones, es muy crítico con la actuación de Bruselas en esta materia. Así, "lamenta que, en los últimos mandatos, la Comisión solo haya iniciado un número muy limitado de investigaciones sobre posibles casos de ayudas fiscales estatales, a pesar de las sospechas bien fundadas que han salido a la luz".
Como medidas concretas, el documento propone la introducción de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, la revisión de la Directiva sobre el IVA o imponer a las multinacionales comunicar sus ventas y beneficios por países.
La planificación fiscal agresiva desarrollada por algunas grandes compañías también es objeto de inquietud para el PE. En este sentido, apunta que "fomentar las prácticas fiscales perjudiciales a través de la creación de una sociedad unipersonal privada de responsabilidad limitada (SUP) de ámbito europeo, cuyas normas prevén la posibilidad de tener dos domicilios diferentes, es un planteamiento equivocado".
También recomienda la adopción de una definición de "establecimiento permanente" que consiga que las empresas no puedan evitar artificialmente tener presencia fiscal en los Estados en los que desarrollan una actividad económica.
Por último, en este apartado también reclama que se garantice un intercambio "exhaustivo, transparente y eficaz de información fiscal", y que la CE adopte unas directrices "muy precisas" en relación con las ayudas estatales en materia fiscal y precios de transferencia.
Relación políticos-eléctricas
Entre las más de 110 propuestas de la Eurocámara, se incluye una petición a la Comisión para que investigue si existe algún tipo de correlación entre la elevada presencia de políticos y exministros en los consejos de administración de las empresas energéticas, "y las prácticas oligopolísticas del sector en algunos Estados miembros".
En relación con las prácticas bancarias -y a la espera de que el Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) resuelva en litigio sobre las cláusulas suelo-, el Informe exige a Bruselas que examine las cláusulas y las prácticas desleales y abusivas utilizadas por este sector en los contratos celebrados con consumidores. Además, recuerda que "la política de la competencia entraña la regulación del precio de los servicios para los que es difícil fijar un valor de mercado, como las comisiones de los cajeros".
El PE también recela de la "larga duración" de las investigaciones el presunto abuso de posición dominante de Google. En relación con ello, reclama que se concluyan los expedientes y se elimine cualquier restricción comercial que se haya establecido y se garantice el principio de neutralidad de la red
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