Los asesores fiscales ven inviable que Hacienda revise la amnistía

Si los asesores fiscales tuvieran la posibilidad de decidir la política tributaria en España, no se subiría ningún impuesto, se ampliarían las deducciones en el impuesto sobre sociedades, se impediría que las comunidades autónomas pudieran fijar un tipo nominal máximo en el IRPF superior al 50% o se suprimiría el impuesto sobre el patrimonio y la obligación de presentar la declaración de bienes en el exterior, entre otras medidas. Así figura en un informe de 44 páginas que la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) presentó ayer y que recoge un catálogo de propuestas y recomendaciones.

El presidente de la organización, José Ignacio Alemany, rechazó la posibilidad de que Hacienda revise la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, tal y como pidió Ciudadanos. La formación naranja mantiene que los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal no pagaron el 10% fijado en la normativa, sino que en realidad tributaron a un tipo efectivo del 3%. Ello fue así por una interpretación de Tributos, que señaló que el gravamen solo era aplicable a la renta aflorada de ejercicios no prescritos. Ciudadanos reclama que ahora que se revise con urgencia todo este proceso y se exija a los amnistiados el 10% de todo el dinero que regularizaron. Ni el Ministerio de Hacienda ni la Agencia Tributaria han contemplado en ningún momento tal posibilidad, a pesar de que el pacto firmado entre el PP y Ciudadanos incluyó la revisión del proceso de la amnistía. Aedaf señala que reclamar ahora una cuota adicional a los amnistiados constituiría una medida “con carácter retroactivo, probablemente inconstitucional, y que dañaría gravemente el principio de seguridad jurídica”. Alemany dio por descontado que Hacienda no accederá a las exigencias de Ciudadanos en este ámbito.

En mitad del proceso de la amnistía fiscal de 2012, el Gobierno anunció que, todos los contribuyentes deberían declarar a partir de 2013 los bienes en el extranjero y estableció un duro régimen sancionador. La técnica del palo y la zanahoria. Los asesores fiscales reclaman en su documento que suprima tal obligación, al menos respecto a rentas y propiedades ubicadas en otros Estados miembros. La propuesta no tiene visos de prosperar. Con el modelo 720 de declaración de bienes en el exterior, Hacienda ha logrado una inmensa fuente de información a la que no está dispuesta a renunciar. Aun así, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción y está estudiando si el duro régimen sancionador, –que incluye una suerte de imprescriptibilidad– vulnera el derecho comunitario.

En el ámbito del IRPF, el impuesto más importante por recaudación, Aedaf reclama que se establezca por ley que el tipo marginal máximo no podrá superar el 50%. Actualmente, el gravamen superior alcanza el 45% con carácter general, aunque en algunas comunidades llega al 48%. Aun así, antes de la reforma fiscal de 2015, el impuesto alcanzó el 56% en Cataluña o Andalucía. Los asesores quieren que ello no pueda repetirse. También piden que se recuperen los coeficientes de actualización que se suprimieron con la reforma fiscal. Con ello, se volvería a tener en cuenta el efecto de la inflación a la hora de determinar la plusvalía lograda por la venta de un inmueble.

Los asesores fiscales también defienden que se elimine definitivamente el impuesto sobre el patrimonio. De hecho, según la legislación actual, el tributo debería desaparecer a efectos prácticos el próximo 1 de enero. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy contempla prorrogar su vigencia tal y como ha hecho anualmente en la última legislatura. Ante esta situación, Aedaf propone que, como mínimo, se modifique el límite de tributación conjunto para evitar que haya personas que deban vender parte de su patrimonio para asumir el pago del impuesto. En patrimonio y también en el impuesto sobre sociedades, Aedaf aboga por una mayor armonización para acabar con las diferencias autonómicas.

El presidente del Gobierno anunció el miércoles que no tenían intención de elevar los principales impuestos, en referencia al IRPF y el IVA. Sin embargo, el Ejecutivo plantea medidas fiscales como suprimir deducciones para elevar la tributación de las grandes empresas, subir los impuestos especiales o elevar la fiscalidad medioambiental. Aedaf rechazó todo este conjunto de medidas, especialmente aquellas que puedan elevar la factura fiscal de las empresas. En opinión de su presidente, hay que ir justo en la dirección contraria y rebajar la fiscalidad para elevar los beneficios empresariales, mejorar los salarios e incrementar el consumo. Aedaf asegura que por esta vía aumentaría más la recaudación que subiendo impuestos.

El transporte rechaza una subida fiscal al diésel

Los sectores económicos están iniciando sus medidas de presión ante el riesgo de verse afectados por las medidas fiscales que pueda incluir el Gobierno en el Presupuesto de 2017, cuya tramitación se iniciará en breve. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) emitió ayer un comunicado avisando de que cualquier aumento de la fiscalidad sobre los hidrocarburos tendrá un impacto negativo sobre la exportación. El Gobierno estudia la posibilidad de elevar los impuestos especiales sobre los combustibles y, en particular, sobre el diésel. La mayor parte del parque automovilístico española funciona con gasóleo. La Unión Europea, a diferencia de los transportistas, sí vería con buenos ojos un aumento fiscal sobre el diésel.