Hacia una nueva subida de impuestos

El Gobierno tiene ante sí el reto de recortar el déficit público del Estado en 8.000 millones de euros, tal y como ha exigido la Comisión Europea. Es cierto que el ajuste es a repartir entre las distintas Administraciones Públicas. Pero las comunidades autónomas no están muy por la labor y esperan que su proceso de consolidación fiscal venga por la parte de las transferencias del Estado, puesto que están preparando presupuestos expansivos para 2017 mientras que, de la misma forma, las previsiones indican que el colchón del superávit presupuestario de los ayuntamientos tiende a reducirse. Así que el grueso del ajuste recaerá en la Administración central del Estado y en la Seguridad Social, que ha entrado en barrena.

El Ejecutivo tiene previsto realizar este ajuste por la vía de los ingresos. Con sus socios parlamentarios potenciales, Ciudadanos, se ha comprometido a no tocar “las grandes figuras”, como el IRPF y el IVA. Sin embargo, sí tiene en la mirilla el Impuesto sobre Sociedades y los Impuestos Especiales, que sufrirán el grueso del esfuerzo de la consolidación fiscal. El alcohol, el tabaco, los hidrocarburos y las bebidas azucaradas son el flanco elegido por el Ministerio de Hacienda.

Sobre el Impuesto de Sociedades, Hacienda deberá pactar con Ciudadanos una importante poda de bonificaciones y deducciones, puesto que este ha sido el caballo de batalla de Ciudadanos durante los últimos meses. La intención del Gobierno es retocar la tasa a las empresas sin modificar lo que llama “los elementos esenciales”, es decir, sin tocar los tipos. Además, el Ejecutivo quiere dejar claro que el aumento de la imposición está dirigido a las empresas más grandes, salvando de la poda de deducciones a las pequeñas, por ejemplo dejando intactas las ayudas para aquellas firmas que mantienen una facturación menor.

Otro factor clave del Impuesto de Sociedades son las bases imponibles negativas: las empresas han provisionado pérdidas por 250.000 millones de euros, y hasta 2015 podían compensarse el 25% de la base imponible previa. En el año en curso, tras la última reforma fiscal, este porcentaje se elevó hasta el 60%, que podría alcanzar el 70% en 2017. Las intenciones de Hacienda es devolver esta bonificación hasta el 25%.

Pero las modificaciones que están sobre la mesa pueden parecer cosméticas, como han denunciado varias organizaciones de fiscalistas en estos últimos días, y no entran a reformular un sistema fiscal que se considera ineficiente en la actualidad. Desde Europa se apunta a la necesidad de incrementar la tributación de los impuestos indirectos, como el IVA, y rebajar cotizaciones sociales o el IRPF para fomentar la creación de empleo. Ciudadanos, en sus propuestas iniciales, reclamaba la reducción del IVA a solo dos tipos eliminando el superreducido, pero esta reclamación de cara a aprobar las nuevas cuentas ha desaparecido. Además, existe una red de impuestos autonómicos que, aunque exceden el ámbito de aplicación de los Presupuestos, el Gobierno debe regular: es el caso del Impuesto de Patrimonio, que prorrogará en las próximas semanas para evitar que las autonomías queden privadas de su recaudación. Pero también está sobre la mesa una armonización de esta figura así como del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, para evitar el dumping fiscal territorial.

Pero en las últimas semanas el debate ha obviado cualquier conveniencia de recortar el gasto público. Ciudadanos ha exigido, no sólo subir el techo de gasto, sino que se refuercen las partidas económicas de Sanidad y Educación, así como el resto de servicios públicos fundamentales.

Lo cierto es que el gasto del Estado se encuentra ya en tasas superiores a los niveles precrisis. Los Presupuestos Generales de 2016 cuentan con un capítulo de operaciones no financieras de 314.484 millones de euros, un 16% más que en 2007. Es cierto que este aumento se debe principalmente a las transferencias corrientes como el capítulo de las pensiones, que ascienden ya a 135.450 millones. Pero el resto de capítulos muestra un estancamiento en su ajuste o incluso un ligero aumento en los últimos Presupuestos, mientras que las inversiones y operaciones de capital, considerado gasto productivo, se encuentran en niveles mínimos.

Los gastos de personal experimentaron el gran recorte en 2012 cuando la paga extra de los funcionarios fue suprimida. Pero el Ejecutivo prometió desde entonces devolverla y así se espera completar el año próximo, cuando recibirán el 25% que les queda por cobrar. Es más, en los últimos años ha aplicado subidas salariales del 1% a los empleados públicos, por encima de la inflación, como por ejemplo este año, con una previsión para el conjunto del año del -0,3%. Esto implica una mejora de su capacidad adquisitiva que los pensionistas, por ejemplo, no han disfrutado, con unas subidas anuales del 0,25%, también para 2017. De hecho, el capítulo de personal, tras tocar suelo en 2014, ha ido creciendo paulatinamente en más de 1.000 millones de euros. Algo parecido ocurre con los gastos corrientes, burocráticos, que se encuentran de nuevo ya a niveles de 2007. Tras tocar fondo en 2013, han retomado la senda ascendente.

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió ayer en el Senado a mantener el techo de gasto en los mismos niveles que la ejecución resultante de este ejercicio y que, según sus cálculos, será finalmente 5.000 millones menos de lo presupuestado. Esta cifra podría alcanzarse fácilmente mediante la rebaja de los intereses de la deuda, en unos 1.000 millones, y en la prórroga de las medidas del acuerdo de no disponibilidad de crédito y el cierre adelantado de caja aprobados en 2016. Pero esto implicaría, a su vez, que no hay ninguna intención de realizar un revisión estructural del gasto, lo que muchos expertos han reclamado: unos Presupuestos base cero, partiendo de la nada. Parece que para ello habrá que esperar.