La implantación del nuevo sistema de control económico para las grandes empresas que ha diseñado el Gobierno central deberá esperar algún tiempo en el caso del País Vasco. Las Haciendas forales quieren desarrollar un modelo propio, se niegan a hacer una mera imitación de las estrategias que implanta la Agencia Tributaria y todo apunta a que, al menos, habrá medio año de retraso en el País Vasco.
La Agencia Tributaria del Estado va a poner en marcha el Sistema de Información Inmediata. Será de aplicación obligada a partir del próximo 1 de julio para las empresas que tienen una facturación anual superior a 6 millones de euros. Básicamente, se trata de establecer un control informático directo y prácticamente en tiempo real en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Para ello, las empresas afectadas deberán transmitir a Hacienda, en un plazo máximo de cuatro días, los datos de todas las facturas que emitan -las ventas- y de todas aquellas que abonen -los gastos-. El asunto tiene sus complicaciones, no sólo porque Hacienda ha tenido que poner en marcha un sistema informático capaz de recibir y procesar toda esa información, sino porque las empresas deben adaptar sus sistemas informáticos para automatizar también esa transmisión de datos.
La ventaja de un sistema de este tipo es doble. En primer lugar, supone un arma muy potente en la lucha contra el fraude porque permite cruzar la información -la de quien dice que ha emitido una factura y la de quien la recibe-, al tiempo que puede permitir a los responsables del fisco tener una información anticipada sobre la marcha de los negocios y, en consecuencia, sobre el volumen de recaudación de impuestos que van a tener a corto y medio plazo.
Las haciendas vascas han rechazado la posibilidad de utilizar el mismo desarrollo informático que ha adquirido la Agencia del Estado e incluso no hay una decisión sobre el modelo final que se aplicará. Ni siquiera una definición exacta sobre a qué tipo de empresas afectará, porque las diputaciones deshojan la margarita sobre la posibilidad de extender esta obligación a un colectivo más amplio e incluso a la totalidad de las empresas. Hace tan sólo unos días han reconocido también que otro proyecto que anunciaron hace ahora un año marcha a ritmo lento. Se trata de la iniciativa para controlar las cajas registradoras de restaurantes, bares y comercio. De momento, en este caso, las diputaciones van a tomarse todo el año 2017 para decidir cuál es la solución tecnológica que se adoptará y hacer también los cambios normativos necesarios.
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