La Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, ante la que comparece hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, debate la ampliación a toda la vida laboral del periodo de cotización exigido para calcular la cuantía de la pensión. En 2022 terminará la transición desde los 15 a los 25 años, que comenzó en 2013. La recesión económica, comprendida entre 2007 y 2013, cambió la percepción de una medida como ésta, que antes de 2007 era considerada regresiva por la izquierda parlamentaria y por los sindicatos. La clave está en que muchísimos trabajadores sufrieron una caída de la cotización a la Seguridad Social durante largos periodos de la vida laboral al ir al desempleo.
Por todas estas razones, la Comisión del Pacto de Toledo estudia dos medidas: la posibilidad de ampliar a toda la vida laboral la cotización exigida para calcular la cuantía de la pensión. Y dentro de esta propuesta, “la posibilidad de que el pensionista pueda escoger aquellos años de cotización que le sean más favorables [a la hora de cobrar su pensión]”. Es decir, aquéllos en los que más cotizó a la Seguridad Social porque su nivel salarial era el más alto de su carrera. De la misma manera que plantea que se puedan desechar los peores años de cotización. Eso sí, siempre que no perjudique a la financiación del sistema.
Para jubilarse este año con 65 años y con el 100% de la pensión hay que tener 37 años cotizados por lo menos. Con menos de esa contribución, pero más de 35 años, para cobrar toda la pensión se necesita tener una edad de 65 años y 10 meses.
En 2027 para cobrar toda la pensión con 65 años habrá que tener cotizados 38 años y 6 meses. Con menos de esa contribución, pero siempre con 37 años, el pensionista deberá tener 67 años de edad.
Así se recoge en las recomendaciones que la Comisión del Pacto de Toledo estuvo a punto de cerrar en febrero del año pasado. Unidas Podemos rompió el acuerdo en el último momento, posición a la que se sumó el PP, por la convocatoria de las elecciones del 28 de abril de 2019. No obstante, las recomendaciones son la base de partida de las negociaciones para esta legislatura, como dice la presidenta de la Comisión, la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Además de la ampliación a toda la vida laboral del periodo de cálculo de la pensión, las recomendaciones más importantes son las siguientes:
Subida con limitaciones de la pensión máxima. La pensión máxima de la Seguridad Social “debe guardar el necesario equilibrio entre las aportaciones realizadas [por los trabajadores] y las prestaciones percibidas [por los pensionistas] para garantizar la contributividad”. Podría pensarse que la Comisión recomienda que un trabajador que cotiza mucho durante su vida laboral tenga derecho a cobrar una pensión equivalente, sin ningún tipo de limitación. Sin embargo, los diputados añaden que esto debe hacerse “sin menoscabo de la dimensión solidaria del sistema”. Es decir que el Gobierno debe tener en cuenta que no puede haber pensionistas con un crecimiento exponencial de sus rentas porque han cotizado mucho durante su vida laboral, mientras hay otros cuyas prestaciones son bajas porque no han podido cotizar más o han tenido salarios muy bajos. Por esta razón, es imposible destopar las bases de cotización, que cada trabajador contribuya a la Seguridad Social de acuerdo con su salario real. La pensión máxima mensual en 2020 es de 2.683,34 euros brutos, con una cuantía anual de 37.566,76 euros.
Un nuevo modelo de revalorización de las pensiones. Es la segunda recomendación del Pacto de Toledo, y después de una larga batalla, los diputados llegaron a un acuerdo muy débil. El consenso consistió en volver al acuerdo de la reforma de las pensiones en 2011 y estudiar un nuevo modelo de revalorización de las pensiones, que debe basarse en el Índice de Precios de Consumo (IPC), el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía y de las cotizaciones sociales. Eso sí, un modelo que no sea tan agresivo como el que promulgó el Gobierno del PP en 2013 con su nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP).
La fórmula de entonces recogió los efectos de la recesión económica y el déficit de la Seguridad Social. Por esta razón, entre 2014 y 2018 las pensiones subieron sólo un 0,25% anual. Este pequeño incremento de las rentas desencadenó manifestaciones de pensionistas en toda España y una presión enorme sobre los diputados. Por todas estas razones, a partir de un acuerdo entre el PP y el PNV, desde 2018 los gobiernos popularesy socialistas suspendieron la aplicación del IRP. Las pensiones suben ahora igual que la inflación, y el Pacto de Toledo debe decidir ahora si mantiene este modelo, que defiende el Gobierno o, en su caso, aprueba otro modelo de revalorización de las pensiones alternativo al del PP.
Acercar la edad efectiva a la edad legal de jubilación. Los diputados apuestan por “lograr que la edad de salida efectiva del mercado de trabajo, [que ahora está en 64,2 años] se aproxime tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida. Siempre, para cobrar toda la pensión. Este año la edad legal de jubilación es de 65 años y diez meses. Pero en 2027 estará en 67 años. Para fomentar la permanencia en el mercado de trabajo, la comisión parlamentaria “considera necesario adaptar los incentivos sociales, fiscales y laborales” que hay ahora. Es importante reseñar que, en contra de la práctica tan extendida en las empresas de prejubilar a los trabajadores mayores de 50 años, la Comisión del Pacto de Toledo dice que “debe combatirse la discriminación por edad de nuestro mercado laboral”. Y añade que “hay que restringir al máximo el abandono prematuro de la vida laboral, como orientación de futuro de las políticas de igualdad”. “Para ello [dice la propuesta] resulta clave que una de las prioridades de las políticas activas de empleo sea la recolocación de las personas de más edad y su mantenimiento en activo”. En este terreno también, el Congreso de los Diputados anima al Gobierno a considerar la compatibilidad de toda la pensión con ingresos por una actividad laboral “siempre que ello no produzca un menoscabo de las cuentas del sistema”. Resulta difícilmente compatible para la Seguridad Social reducir las cotizaciones a quienes se mantienen trabajando después de la edad legal de jubilación, mientras se les abona toda la pensión.
Medir los ingresos para acceder a la pensión de viudedad. El Pacto de Toledo defiende “aplicar una prueba de rentas [a las beneficiarias o beneficiarios], que tenga en cuenta la situación financiera de la unidad familiar del pensionista”. La pensión de viudedad nació como una prestación de supervivencia, en el sentido literal de la expresión. Sin embargo, las cosas han cambiado con el desarrollo de España y la incorporación de la mujer al trabajo. La Comisión desliza así que, actualmente, hay muchas situaciones que no necesitan en estricto sentido la pensión de viudedad para vivir con cierta holgura, porque hay otras fuentes de ingresos y patrimonio. En sentido contrario, el Pacto de Toledo anima al Gobierno a concentrar el esfuerzo de gasto, elevando las prestaciones, en las viudas y viudos mayores de 65 años que necesiten “una cobertura adecuada a sus situaciones de necesidad”. Las pensiones de viudedad suponen 22.000 millones de euros.
El déficit de la Seguridad Social debe desaparecer en 2025. Los diputados estiman que sería posible que la Seguridad Social tuviera equilibrio financieros en 2025 sí los impuestos generales financian algunas de las prestaciones que ahora soportan las cotizaciones sociales. El déficit de la Seguridad Social ronda los 17.000 millones de euros. Se trata de que los impuestos financien una parte de la protección por desempleo o las prestaciones de paternidad y maternidad, entre otras prestaciones.
Fuente: EXPANSION
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