La moratoria aprobada hasta final de año por el Gobierno para eximir a las empresas de la obligación de tener que presentar un concurso voluntario de acreedores en el caso de tener dificultades de pago -hasta ahora si no lo hacían se exponían a un concurso forzoso y los administradores tenían que responder en ese caso con su patrimonio personal- amenaza con provocar una oleada de suspensiones de pago a partir de enero y bloquear los juzgados de lo mercantil.
Aunque es complicado hacer previsiones con exactitud, el horizonte puede ser apocalíptico, con la posibilidad de que pueda llegar a haber hasta 50.000 concursos, según las previsiones anunciadas en el Congreso por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Es una cifra que supondría no solo un récord histórico, siete veces más que el año pasado.
Sergio Vélez, que dirige el departamento de Corporate Finance de FTI Consulting en España explica "que al no haber obligación de presentar un preconcurso aunque se esté realmente en esa situación, son muchas las compañías que van a intentar aguantar hasta el último momento, por lo que, aunque es previsible que haya muchas refinanciaciones en el segundo semestre del año, incluidas también la de los préstamos avalados ahora por el ICO, habrá después una lluvia de concursos".
Y es que, según advierten en FTI, aunque la moratoria establecida en el artículo 43 del Real Decreto Ley 8/2020 en cuanto a la obligación de presentar el concurso de acreedores, podría interpretarse a primera vista como una ayuda para las empresas, en la práctica, "va a suponer que aquellas que estén en situación de insolvencia y retrasen la solicitud del concurso de acreedores intentando hasta el último suspiro la reestructuración fuera de concurso (negociando con bancos, proveedores, organismos oficiales, etc...), o esperando aquellos pedidos milagrosos que debían salvarles, pero que difícilmente llegará, les va a hacer llegar al instrumento judicial, financiera y comercialmente exhaustas y ya sin posibilidad de poder tener éxito en el proceso".
Sectores con problemas
Vélez señala, en este sentido, que "hay una buena parte de la estructura empresarial que se va a quedar sin financiación, sobre todo porque no ha estado disponible para todo el mundo" . Y señala como los sectores que pueden tener más problemas al turismo, el retail, la restauración, las aerolíneas y la movilidad en su conjunto.
"Son mercados en los que la recuperación va a ser más lenta y puede durar hasta dos años", apunta. Ante el previsible colapso en los juzgados, Vélez insta a la necesidad de que haya un refuerzo para evitar el atasco y que la gestión de los concursos sea más dinámica.
Destrucción de valor
El director del departamento de Corporate Finance de FTI Consulting advierte que "la destrucción de valor puede ser brutal si no se adoptan medida pronto". La firma considera que es un error pensar que el procedimiento concursal y los Juzgados de lo Mercantil sólo existen para la liquidación de las compañías que se encuentran en esta situación, recordando que el concurso de acreedores puede tener un gran valor para las sociedades que lo presentan, para sus acreedores y para el tejido empresarial, siempre y cuando no se retrase su presentación.
De acuerdo con los datos que maneja FTI, entrar en una situación concursal con un circulante suficiente para poder mantener la actividad, en el periodo comprendido entre el auto de concurso y la sentencia de aprobación de convenio o el auto por el que se lleva a cabo la venta de una determinada unidad productiva, es fundamental para tener éxito en un proceso de reestructuración, pudiendo así garantizar la supervivencia del negocio.
Según recuerda Vélez, en España, en 2008 al inicio de la gran recesión hubo tan solo mil concursos de acreedores. En 2013, sin embargo, la cifra alcanzó un máximo de 10.000, volviendo a caer otra vez a partir de ahí con la recuperación económica.
Fuente: www.eleconomista.es
Calle Las Mercedes, 31 - 3º 48930, Getxo
(+34) 944 800 500
sbal@sbal.net