Bruselas quiere poner coto a la competencia fiscal en la UE

La Comisión Europea planea medidas para forzar cambios en los sistemas fiscales agresivos de algunos socios de la UE, como Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo, argumentando que estas prácticas distorsionan la competencia en el mercado único y perjudican al resto de países del bloque, según informa el periódico británico Financial Times.

Los detalles de la iniciativa se conocerán hoy en una rueda de prensa por el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombvrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

Esta comparecencia tendrá lugar, precisamente, horas después de que la Justicia europea se pronuncie sobre las supuestas ventajas fiscales concedidas a Apple por parte de Irlanda, por las que Bruselas reclamó a Dublín que exija a la multinacional la devolución de 13.000 millones de euros.

Además, la Comisión Europea expondrá sus planes para combatir la evasión fiscal dentro del bloque tres días antes de la cumbre en la que los jefes de Estado y de Gobierno intentarán lograr un acuerdo sobre el fondo de reconstrucción que relance la economía europea tras la pandemia de Covid-19.

En la actualidad, cualquier intento de armonización fiscal en la UE tiene que ser aprobado con la unanimidad de los Veintisiete, lo que da a cualquier país en la práctica el derecho a veto. Para sortear esta situación, y según el rotativo británico, Bruselas planea recurrir al artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permite «celebrar consultas» entre la Comisión Europea y los Estados miembros ante situaciones de «falseamiento de las condiciones de competencia en el mercado interior» que provoquen una «distorsión que deba eliminarse».

Con este instrumento, el Ejecutivo comunitario también podría proponer una directiva que le permita acabar con estas distorsiones y exigir cambios en los sistemas fiscales de países como Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda o Bélgica, que ya han sido señalados en el pasado por las autoridades comunitarias por su planificación fiscal agresiva.

Esta directiva tendría que ser aprobada por una mayoría cualificada de Estados miembros (y no por unanimidad) además de recibir el respaldo del Parlamento Europeo.

Fuente: EL MUNDO