Los registradores colaboran en una ley para sociedades que ni se gestionan ni tributan

En muchas zonas de España son habituales los montes cuyo titular es un colectivo de propietarios en proindiviso. Se estima que hay más de 1,5 millones de hectáreas de los llamados montes de socios, con un número de condueños desconocido en la actualidad, que se estima que posiblemente supere el millón de personas. La mayoría de estos montes han mantenido una gestión deficiente, con un casi total abandono, ya que hasta 2003, con la reforma de la Ley de Montes, su gestión resultaba imposible.

Los registradores se han comprometido en el transcurso de su VI Congreso, a colaborar con las jun[1]tas gestoras de los montes de socios para alcanzar una ley especial para que puedan localizar a sus condueños en un espacio de tiempo determinado y a elaborar una normativa fiscal y que las cuotas desconocidas reviertan, no en el Estado, sino en los miembros de la propia sociedad, con una normativa tributaria adecuada. Y, después, les permita crear una sociedad de responsabilidad limitada (SL), en lugar de generar nuevas figuras societarias. La ventaja es que los estatutos la SL pueden incluir, tradiciones locales.

La reforma de la Ley de Montes hizo posible la constitución de jun[1]tas gestoras, de las que ya hay en torno a 70. Sin embargo, estos órganos de gobierno no tienen personalidad jurídica, por lo que ni tan siquiera son sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y, por tanto deberían verse abocadas a un régimen de imputación de rentas a los comuneros, que es imposible de llevar a cabo por la existencia de cuotas desconocidas. Esto genera una situación de bloqueo que les impide dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias y limita la capacidad recaudatoria de Hacienda.

Gestión imposible

Estas sociedades deben gestionar[1]se de acuerdo con el Código Civil, pero es imposible, porque no se pue[1]de alcanzar el 50% de las cuotas que se exigen para aprobar decisiones ni el 100% para las transformaciones sustanciales, ante la imposibilidad de adoptar acuerdos válidos por falta de identificación de los propietarios (que están por debajo de un 2% de cuota en general), por la existencia de esas cuotas desconocidas y por la dispersión y falta de quórum, según ha explicado Pedro Agustín Medrano, director del Proyecto Montes de Socios.

Rafael Sanz Company, secretario general de la Asociación Hipotecaria Española, explica que la normativa hipotecaria exige que todos y cada uno de los titulares sean identificados, lo que hace imposible la obtención de la garantía real para obtener financiación.

Teruel Existe ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley aprobada por unanimidad de todos los grupos en la que solicita que el Gobierno estudie si es necesario un modelo fiscal específico, o adaptar el vigente, para fomentar la gestión.

En los Registros de la Propiedad recomiendan que hagan una reanudación del tracto sucesivo, pero por las pequeñas participaciones que corresponden a cada heredero, la mayoría considera que no le merece la pena afrontar los gastos y molestias que supone. Las gestoras han empezado a realizar los listados genealógicos para llegar a los descendientes de todos los titula[1]res, pero es una labor ímproba. Es una genealogía que se hace de oí[1]das, porque no está documentada. Un árbol genealógico de un monte de socios del tamaño de una sábana reúne tan solo los datos de los dueños del 16% de las cuotas.

En los últimos años se ha recuperado la conciencia del valor económico del monte (biomasa, madera, setas, caza, energía eólica, etc.), de la conservación del medio natural y de volver a ligar a la gente con sus raíces y repoblar.

Los montes de socios en su origen no eran una comunidad romana normal del Código Civil, sino una comunidad funcional, que por sus propias circunstancias se rige por normas especiales y tiene vocación de permanencia. Estas sociedades no deben ser confundidas con otras figuras jurídicas como los montes en mano común, montes vecinales o con montes públicos. Su ubicación corresponde a las zonas con mayores tasas de despoblación de nuestro país, por lo que su reactivación podría contribuir a la generación de la actividad económica y a contribuir al proceso repoblador.

Tan solo en Soria hay, al menos, 150.000 hectáreas, una extensión que supera a la de la provincia de Guipúzcoa, con 1.893 casos de figuras colectivas de propiedad. En Ávila, según datos de la Diputación hay 50.000 hectáreas en manos de los montes de socios

Economía de supervivencia

El origen de estas organizaciones se remonta a las desamortizaciones llevadas a cabo en el siglo XIX, las impulsadas Mendizábal y Madoz, que pusieron en venta una buena parte de los patrimonios eclesiásticos y civiles. En estos procedimientos, grandes superficies de terreno, entre ellas los montes, que hasta entonces pertenecían al clero, al Estado, a los municipios y a la beneficencia (las llamadas manos muertas) fueron subastados.

Los compradores solían ser los vecinos de los pueblos donde se elevaban esos montes, puesto que la base de su subsistencia dependía de ellos, y ante el temor de que los montes cayeran en manos extrañas, se vieron obligados a pujar.

Una ley poco satisfactoria

Con la publicación en 2003 de la ley de Montes se habilita la constitución de juntas gestoras a partir de diez socios para administrar los intereses de los copropietarios. Sin embargo, a pesar de su vocación de persistencia, la Ley establece que al término de las investigaciones, las cuotas sin titular pasarán a ser titularidad del Ministerio de Agricultura, una vez identificados to[1]dos los comuneros posibles. A partir de ese momento, se prevé la disolución de la junta gestora y el paso del monte de socios a regirse por las normas generales de la comunidad de bienes del Código Civil.

José Manuel Benéitez Bernabé, notario de Soria, en un artículo publicado en la revista El Notario califica al artículo 27 bis de “nueva desamortización”.

Fuente: El Economista