1.- Los Ministerios de Hacienda y de trabajo estrechan el cerco sobre las empresas defraudadoras

La vigilancia y el control a las empresas aumentará este año de forma notable. La Agencia Tributaria ha firmado un convenio de colaboración con la Inspección de Trabajo para compartir más información de sus bases de datos y de forma automática con el objetivo de encontrar fraude fiscal y a la Seguridad Social en las compañías. Dicho convenio se recoge en la resolución de 17 de mayo de 2022, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en materia de intercambio de información, publicado en el B.O.E. núm. 121, de 21 de mayo de 2022.

Aunque las dos administraciones ya cruzan datos desde el año 2011, el nuevo convenio aumentará la vigilancia y establece, además, el envío de la información de contribuyentes, trabajadores y empresas de manera automática. "A la vista de los resultados positivos derivados de la colaboración, que ha permitido incrementar la eficacia de las actuaciones y la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, sería muy beneficioso avanzar en el intercambio de información", destaca el nuevo convenio. El nuevo acuerdo amplía la transmisión telemática de datos entre las partes.

Además, la información se enviará sin ninguna autorización por parte de los ciudadanos. "El suministro de información regulado en el presente convenio no precisará la autorización de los interesados", destaca el convenio.

El proceso se hará de manera automatizada. Los datos suministrados por la Agencia Tributaria serán los declarados por los contribuyentes y demás obligados a suministrar información sin que, con carácter general, se sometan a actividad alguna de verificación previa a su automatización.

Además, se compartirán las informaciones de las actuaciones de comprobación e investigación realizadas por los respectivos órganos con facultades de control, como pueden ser las áreas de Gestión e Inspección de la Agencia Tributaria.

El convenio justifica esta medida para "la identificación de los perfiles de los tipos de empresas que defraudan y el reconocimiento de las conductas fraudulentas que se manifiestan con mayor frecuencia en materia fiscal y a la Seguridad Social, así como la adopción de las medidas preventivas y de corrección". Además, la Administración usará el cruce de datos entre los dos organismos para "la identificación de aquellos fraudes a la Seguridad Social que puedan ser definidos como indicador adelantado de riesgo de fraude fiscal, así como de los fraudes fiscales que se puedan utilizar como indicador adelantado de riesgo de fraude en materia de Seguridad Social".

La información obtenida a través de este sistema servirá además para implantar estrategias de control y prevención. En concreto, permitirá a la Administración "el diseño y determinación de las medidas a adoptar, con objeto de prevenir conductas fraudulentas, respecto de empresas que respondan al perfil que se haya determinado como de empresa defraudadora". Además, se utilizarán para el "diseño de planes de control con elementos comunes, y coordinación funcional de su ejecución".