La Justicia europea declara legales las ayudas fiscales del sector naval

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está torpedeando el legado de Joaquín Almunia, excomisario de Competencia de la Unión Europea. Primero tumbó la decisión de declarar ilegales las ayudas del fondo de comercio; el miércoles anuló la multa de 800 millones de euros a once aerolíneas, y ayer le tocó el turno al sistema de arrendamiento fiscal español (Seaf), también conocido comotax lease.

El Tribunal General de la UE validó ayer la legalidad de este engranaje tributario que el Gobierno creó en 2002 para incentivar las inversiones en el sector naval español y que en 2013 fue declarado una ayuda de Estado ilegal por la Comisión Europea. El Seaf permitía generar créditos fiscales a las empresas que invertían en la construcción de buques para su posterior arrendamiento y venta a navieras, que a su vez los compraban con un descuento de entre el 20% y el 30%. Las empresas rebajaban su factura fiscal, los astilleros recibían pedidos y generaban empleo y las navieras adquirían barcos más baratos.

La decisión de la Comisión Europea, muy criticada por el sector naval y empresarial español, eximió de penalización a navieras y astilleros, pero obligaba a decenas de inversores –entre los que se encuentran los pesos pesados del Ibex 35 y grandes fortunas (ver información adjunta)– a abonar todas las ayudas recibidas durante cuatro años y medio. Además, prohibía seguir aplicando en el futuro los créditos fiscales ya generados gracias. El Ministerio de Hacienda cifró la cantidad a abonar en 126 millones de euros, aunque el Ejecutivo europeo jamás validó el número por considerarlo demasiado bajo. El sector barajaba cifras de cerca de 2.800 millones.

Pero ahora el Tribunal asegura que no ha quedado demostrado que la ayuda recibida solo beneficiase a determinadas empresas (que fuera “selectiva”), ni que distorsionara la competencia en el sector. Ambas condiciones son imprescindibles para poder catalogar de ilegal una ayuda.

La sentencia responde a un recurso interpuesto por el Gobierno español en contra de la decisión de la Comisión Europea y a otro presentado por Lico Leasing y la patronal Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar), pero existen otros 63 recursos de unas ochenta empresas, que también se beneficiarán.

Ayer mismo Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar, aseguró que “estudiará todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector”. Por su parte, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, dijo que la sentencia da “seguridad jurídica” para la construcción de buques en España y facilita nuevas inversiones.

Selectividad, clave

No es la primera vez que la Comisión tropieza con la piedra de la selectividad de una ayuda. Alfonso Lamadrid, abogado de Garrigues que representa a unas cuarenta empresas implicadas, señala que “el razonamiento es el mismo con el que el Tribunal anuló hace un año las decisiones relativas al fondo de comercio financiero en España”.

La Justicia europea contradijo entonces a la Comisión y declaró legales las ayudas fiscales que habían recibido las empresas españolas para comprar rivales en el extranjero. La clave: estaban abiertas a cualquier sociedad. Aunque el dictamen fue recurrido por el Ejecutivo comunitario, autorizó a España a paralizar la recuperación de las ayudas.