La UE quiere armonizar la normativa que regula las operaciones vinculadas, que hoy en día es muy diferente en los distintos Estados miembros.
Armonizar la normativa que regula las operaciones vinculadas y alcanzar una base imponible más homogénea en el Impuesto sobre Sociedades son dos de las grandes apuestas de Bruselas en materia fiscal. Hace pocas semanas la Comisión Europea presentó dos propuestas de Directiva que avanzan en este sentido.
La primera, Business in Europe: Framework for income taxation, conocida como Befit, plantea la homogeneización de las reglas de cálculo para la determinación de la base imponible del impuesto de sociedades. La segunda, es la propuesta de Directiva en materia de precios de transferencia para armonizar las operaciones vinculadas.El objetivo manifestado por la Comisión Europea es simplificar las reglas de juego en materia del Impuesto sobre Sociedades y de precios transferencia. No obstante, la puesta en práctica de las medidas representa un desafío.
"En el caso de la Directiva Befit, la mecánica planteada no parece a priori sencilla", apunta Jesús González Ruíz-Jarabo, socio experto en fiscalidad internacional de PKF Attest. Tal y como explica el especialista, requiere cálculos a nivel de cada una de las entidades en cada uno de los estados comunitarios en los que los grupos tengan presencia, realizar la agregación del resultado de éstas y una posterior asignación de la base imponible entre los distintos Estados miembros. La propuesta abre la puerta a que los Estados miembros puedan aprobar ajustes y deducciones adicionales sobre esa base imponible asignada.
"El planteamiento actual es que ese sistema conviva con las reglas de cálculo del impuesto mínimo global a nivel de cada una de las jurisdicciones en las que se tenga presencia, por lo que, de nuevo, no cabe hablar en sentido estricto de una base imponible consolidada", destaca Jesús González Ruíz-Jarabo. "Una parte importante de las negociaciones se centrará en la búsqueda de mecanismos que permitan que no existan vencedores ni vencidos después de su implementación", añade el abogado.
La armonización en materia de precios de transferencia parece a priori algo menos difícil. "El punto de partida es un entorno en el que los Estados miembros han adoptado criterios marcados por las directrices de la OCDE, y se trata de alinear aquellos aspectos que han tenido un traslado dispar en cada una de las normativas. Sobre todo, supone un avance positivo en materia de seguridad jurídica, abriendo la posibilidad a establecer normas vinculantes comunes", indica Jesús González Ruíz-Jarabo. Las normas serán obligatorias para los grupos que operen en la UE con ingresos anuales combinados de más de 750 millones.
Fuente:www.expansion.es