El pulso entre Hacienda y CCAA da un vuelco al mapa de impuestos a la riqueza

La guerra fiscal que desde hace tiempo libran el Gobierno central presidido por Pedro Sánchez y las comunidades autónomas, en especial las dirigidas por el PP, ha terminado por transformar el mapa de la tributación de la riqueza en España en un pulso entre las rebajas impositivas anunciadas por los nuevos gobiernos regionales y el estreno del nuevo gravamen estatal sobre las grandes fortunas. Sin tiempo apenas para ir actualizando las tablas fiscales que rigen en cada territorio en medio del fuego cruzado, el Consejo General de Economistas (CGE) y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) denunciaron ayer que "estas batallitas entre administraciones" han dejado de ser razonables.

"En el caso del impuesto a las grandes fortunas creemos que la situación es insostenible, ilógica, que está tensionando innecesariamente nuestro sistema jurídico y está introduciendo demasiada conflictividad institucional en un país tan descentralizado como el nuestro", alertó ayer Valentín Pich, presidente del CGE, durante la presentación de un estudio sobre la tributación de la riqueza en España. "No es razonable", agregó, que el país admita "estas batallitas entre administraciones", en las que Hacienda ha impulsado el nuevo tributo para neutralizar la decisión de varias comunidades de dejar de cobrar Patrimonio y que estas, a su vez, recurran la figura ante el Tribunal Constitucional en una disputa judicial entre gobernantes que consume los recursos del contribuyente.

"Si consideramos que España tiene una economía totalmente globalizada, que el Impuesto sobre el Patrimonio es anecdótico en el conjunto de los sistemas tributarios y presenta problemas técnicos y de equidad en nuestro territorio, lo razonable sería suprimirlo", sostuvo Pich. Después de todo, el REAF recordó que en Europa este impuesto solo pervive en Noruega y Suiza, mientras que España es una isla en toda la Unión Europea al contar con un tributo que por regla general grava los patrimonios de más de un millón. Francia sustituyó el suyo por un impuesto sobre los activos inmobiliarios, Países Bajos por una figura ligada al rendimiento del patrimonio; y Bélgica se ciñe a gravar las cuentas de valores con valor medio superior al millón.

En España, sin embargo, 231.367 contribuyentes presentaron declaración de Patrimonio sobre el ejercicio 2021 -último año del que hay datos oficiales-, y 201.775 de ellos abonaron 1.352 millones. El REAF calcula que la recaudación habría sido de unos 2.000 millones de euros de no ser porque Madrid bonifica el tributo al 100%. En esta línea, Andalucía siguió su ejemplo el año pasado; Galicia ha elevado ya su bonificación del 25% al 50%; y el nuevo gobierno regional de PP y Vox en Extremadura ha anunciado su total supresión, lo que supondrá que una fortuna de 15 millones pase de abonar 418.156 a 0 euros.

Por su parte, hay seis regiones que aplican la misma tarifa que la estatal mientras que la Comunidad Valenciana destaca por utilizar un marginal más alto, lo que termina de dibujar el mapa de las desigualdades tributarias.

"Esta situación, temporalmente, se mitiga en parte por la aplicación del Impuesto a las Grandes Fortunas", reconocen desde el REAF, donde recuerdan que 12.010 contribuyentes han aportado 623 millones a las arcas estatales a razón de 51.923 euros de media (de 6.211 en Cataluña a 107.692 en Galicia pasando por 53.873 en Madrid).

Con todo, el presidente del REAF, Agustín Fernández, sostuvo que "el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas no debería hacerse permanente porque se configura como un parche al Impuesto sobre el Patrimonio y se ha aprobado siguiendo una trayectoria parlamentaria singular", al tramitarse como mera enmienda de los impuestos a banca y energéticas.

"Caso distinto es el del Impuesto sobre Sucesiones que, aunque esté sometido también a debate, con determinados cambios puede jugar un papel redistributivo y para fortalecer la igualdad de oportunidades", matizó Pich. El REAF recuerda que este gravamen se aplica en 43 grandes países incluyendo a Alemania, Francia, Reino Unido o EEUU.

En este terreno, de hecho, los economistas y asesores fiscales abogan por una cierta armonización que reduzca las diferencias vigentes. Así, ilustran, un heredero que en 2023 recibiera por la muerte de su padre 800.000 euros, no pagaría nada si su progenitor residía en Andalucía, Cantabria, Baleares y Galicia, pero abonaría 103.135 euros si fuera vecino del Principado de Asturias. Las diferencias se han acentuado tras el resultado de los comicios autonómicos de mayo, pues el PP y sus socios han optado por reducir la presión fiscal sobre las herencias. Así, en el caso de un legado de 800.000 euros, de los que 200.000 son el valor de la vivienda del padre que pasa a manos del hijo, La Rioja ha rebajado la cuota de 32.342 a 1.587 euros; Comunidad Valenciana, la reduce de 63.193 a 1.263 euros; Canarias, la ha bajado de 31.478 a 134 euros; e Islas Baleares pasa de 5.950 a 0 euros. Aragón, a su vez, ha anunciado una bonificación del 99% desde 2024.

En el supuesto de una donación de 800.000 euros en metálico de padre a hijo, la cuota varía entre los 200.122 euros de Extremadura y los 0 de Cantabria. Los nuevos gobiernos, a su vez, han rebajado la factura de 51.031 a 2.001 euros en La Rioja; de 171.012 a 1.710 euros en Comunidad Valenciana y de 87.128 a 200 euros en Islas Canarias.

Ante semejante amalgama, desde el REAF instan a dejar morir el impuesto a grandes fortunas tras sus dos años de vigencia, y a suprimir Patrimonio o, al menos, a reducir su marginal máximo al 1%, evitar solapamientos con el IBI, que ya grava los inmuebles; homogeneizar base imponible y mínimo exento, y dejar margen a las regiones para fijar tarifa, deducciones y bonificaciones. En Sucesiones y Donaciones proponen fijar márgenes mínimos y máximos para todas las regiones, tipos inferiores al 10% o 15% y dos única tarifas para parientes cercanos y distantes.

Fuente: www.expansion.es