La factura electrónica, que ya es obligatoria, ahorrará 51 millones al año

Los proveedores del sector público están obligados desde este jueves a emitir de forma electrónica sus facturas. Esta medida que, de acuerdo con los cálculos del ministerio de Hacienda, va a permitir un ahorro para la Administración General del Estado de 51 millones de euros al año (3,75 euros por cada factura) y de otros 2,3 millones en papel, tiene dos lecturas clave.

Por un lado, acabará con las llamadas "facturas en el cajón", dado que permitirá, tanto a los proveedores como a las administraciones, hacer un seguimiento de cada documento; en segundo lugar, supondrá un mayor control sobre los periodos de pago del sector público.

Únicamente podrán presentarse en papel los recibos con importe inferior a 5.000 euros, así como los destinados a servicios en el exterior. Buena parte de las comunidades autónomas se han adherido al Punto de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), puesto en marcha por el Estado. Este acceso lleva operativo desde el 15 de enero de 2014, para los operadores que ya quisieran utilizarlo de forma voluntaria.

En total, trece autónomas se han incorporado a FACe (Asturias, Murcia, Baleares, Extremadura, Navarra, Melilla, Cataluña, Andalucía, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha). Otras, como La Rioja, Castilla y León, Galicia y País Vasco, no lo han hecho, pero cuentan con un punto propio de entrada de este tipo de facturas. Además, hay un total de 5.177 entidades locales que también se sumaron al proyecto.

El sector privado, casi a punto

La mayoría de los proveedores privados estaban preparados ya para este cambio, o se encontraban muy cerca de estarlo, concluido el tercer trimestre de 2014. De acuerdo con el último estudio de Seres, compañía de referencia del sector de la e-Factura. Entre los más de 3.000 proveedores consultados, un 10% estaban ya preparados o muy cerca de estarlo, y otro 51% tenía información sobre la factura electrónica y estaba avanzando en su implantación.

En el lado opuesto, un 37% de los operadores consultados aún no habían empezado a preparase para implantar esta tecnología, mientras que el 2% restante desconocía, incluso, su obligatoriedad de su uso a partir de este año.

Es a las grandes empresas a las que más les está costando el proceso de adaptación, dado que son las que acumulan un volumen mayor de facturas y son proveedores de un mayor número de administraciones. El 29% de las empresas medianas estaban ya a finales de septiembre preparadas o apunto de estarlo, porcentaje que se eleva al 48% en el caso de las pequeñas y micropymes.