La guerra entre Montoro y Guindos se agrava por el recargo fiscal a las empresas

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, asegura que Hacienda no es muy favorable al incremento de los pagos fraccionados de las empresas de 6.000 millones que prometió Luis de Guindos a Bruselas el pasado julio. Así se lo ha trasladado al presidente de CEOE Juan Rosell, en una reunión que han mantenido, en la que Rosell le ha puesto de manifiesto las dificultades que el anticipo de los pagos a cuenta supone para las empresas. Según fuentes conocedoras del encuentro, Montoro ha transmitido que considera que las decisiones en el Impuesto sobre Sociedades le corresponden por competencia y que entiende que la propuesta del Ministerio de Economía no está bien planteada desde un punto de vista técnico.

Guindos planteó este ajuste a la Comisión Europea el pasado 12 de julio para evitar la multa a España por déficit excesivo y deberá presentarla ya aprobada el 15 de octubre. En principio, el diseño de la medida corresponde a Hacienda.

No se prevé que el Real Decreto-ley que desarrolla el recargo fiscal se apruebe en el Consejo de Ministros de hoy, ni probablemente en el siguiente, el 30 de septiembre. Podría ir con mayor probabilidad al Consejo del próximo 7 de octubre.

Ambos Ministerios están a la espera de conocer los datos de recaudación fiscal hasta el mes de agosto. Ya hay avances del resultado y la Agencia Tributaria publicará el próximo martes unos primeros datos, que se conocerán con más certeza a primeros de octubre. Esta cifra es relevante, porque en su virtud, el ajuste podrá ser mayor o menor y por tanto podría incidir de manera directa en una rebaja del tipo del pago a cuenta.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, adelantó el pasado miércoles en Málaga que la recaudación del Impuesto sobre Sociedades hasta agosto parece experimentar cierta mejoría. Hasta mayo, se desplomaba cerca de un 49% –precisamente por la supresión del endurecimiento de los pagos a cuenta este año y la rebaja del tipo por la reforma fiscal de Hacienda–. En julio, se corrigió hasta una caída del 40% por la Campaña de Sociedades, que se celebra en julio, y que se ingresa entre julio y agosto.

Guindos aseguró en el Congreso que el tipo del pago va a ser “al menos del 20%”. CEOE ha pedido al Ministerio de Hacienda que pueda quedarse en un 12%. Sin embargo, la patronal es pesimista en cuanto a la posibilidad de que la medida pueda dulcificarse de manera importante, con el agravante de que una vez adoptada va a tener vocación de permanencia. Economía también ha informado de que afectará a empresas con una cifra de negocio de más de 20 millones de euros.

El Gobierno confía en que esta medida puede gozar de apoyo en el Parlamento, dado que el Real Decreto-ley puede incluir medidas encaminadas al incremento de salarios en el sector público, suavización del déficit de las CCAA, etc., de marcado carácter social, en las que estarían de acuerdo la mayor parte de los grupos parlamentarios (ver información adjunta).

CEOE cree que en el Ministerio de Economía no hay sensibilidad con el impacto que esta medida provoca en las empresas. Se le resta importancia, por ejemplo, a que este anticipo de los pagos a cuenta pueda obligar a algunas empresas a tener que financiarse, por entender que la financiación en este momento es barata para las compañías.

En la reunión entre Montoro y Rosell se analizó que, además de la dificultad que supone la adopción de esta medida para las empresas, puede también conllevar dificultades técnicas en su aplicación si se producen retrasos en su adopción, como la necesidad de aprobar los modelos de liquidación necesarios vía Orden Ministerial. Por esta razón, se maneja la posibilidad de que el anticipo a cuenta no pudiera realizarse de manera efectiva hasta el mes de diciembre, lo que al menos daría un poco más de plazo para preparar su aplicación. El pago se prorratea, con lo que es indiferente que se aplique en octubre o en diciembre.