Todo apunta a que el controvertido 'tax lease' que estuvo vigente para incentivar la actividad en el sector de la construcción naval en España, volverá a estar en tela de juicio en apenas unas semanas. La Comisión Europea consideró en 2010 que este mecanismo de ayudas podía ser ilegal y lo confirmó a mediados de 2013, pero el Tribunal de Luxemburgo le dio la razón al Gobierno español el pasado mes de diciembre. La Comisión Europea estudia en estos momentos los argumentos jurídicos que puede utilizar para que el Tribunal de Luxemburgo, en su segunda y máxima instancia, rectifique la sentencia inicial y acepte sus planteamientos. La decisión está al caer ya que aunque puede existir alguna posibilidad de alargar los plazos, la fecha límite para la presentación de ese recurso es el 17 de febrero, cuando se hayan cumplido dos meses desde el fallo inicial.
El 'tax lease' -en la actualidad está en vigor una fórmula similar aunque no idéntica- fue aprobado en España para intentar relanzar el sector de la construcción de buques, en un momento en que la competencia de algunos países asiáticos amenazaba con llevar al cierre a la mayor parte de los astilleros del país. El coste de la mano de obra es determinante. Era un mecanismo extraordinariamente sofisticado, en el que se se conjugaba perfectamente eso que se conoce como 'ingeniería fiscal'. Un cóctel en el que entraban en juego condiciones especiales en materia fiscal, un esquema de financiación no menos complejo y la interposición de varios actores invitados a la fiesta. En concreto, empresas españolas con grandes beneficios -como el caso de Inditex-, dispuestas a ahorrarse un dinero en impuestos a cambio de colaborar en la operación. Eso sí, el tiempo ha demostrado que su papel no estaba exento de riesgos, ya que la Comisión Europea les considera los principales beneficiados y quienes, en el caso de ganar la batalla, deberían devolver las cantidades que se ahorraron en impuestos.
La Comisión Europea consideró que el 'tax lease' era una ayuda de Estado y que como tal distorsionaba el mercado de la construcción naval. El Tribunal de Luxemburgo, sin embargo, ha venido a recordar que la fiscalidad no está armonizada en Europa, que cada país puede legislar como quiera en materia tributaria, siempre que evite establecer discriminaciones con sus normas. En el caso de los incentivos vascos a la inversión de la década de los 90, la Corte confirmó que eran ayudas de Estado porque no estaban al alcance de todas las empresas, sino tan sólo de las que hiciesen grandes inversiones y además recibiesen una autorización especial por parte de las Diputaciones forales. En el caso del 'tax lease', sin embargo, el Tribunal recordó que ese mecanismo estaba no sólo abierto a cualquier empresa española que quisiera participar, sino que también era accesible para cualquier armador, independientemente de su país de procedencia. Y es que, además, la mayor parte de los buques que se construyeron en España en esos años eran precisamente de armadores extranjeros.
La Comisión europea es correosa en estas cuestiones y no tira la toalla fácilmente, de ahí que todos los actores involucrados en este asunto dan por seguro que el Ejecutivo comunitario va a recurrir en la segunda instancia para intentar convencer a los jueces de que aquel mecanismo era ilegal. ¿Por qué siempre parece que las peleas con las autoridades de la UE se eternizan y no tienen fin?
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