Los asesores piden ayudas para la eficiencia energética

Los grandes despachos especializados en tributación, impulsores de la Fundación Impuestos y Competitividad apuestan por que el Gobierno introduzca mayores ayudas e incentivos fiscales en materia de eficiencia energética, según detallan en el informe La Vivienda: impuestos y otras políticas fiscales. La experiencia europea

Estas medidas fiscales permitirían alcanzar el objetivo Europa 2020 y servir de estímulo al sector inmobiliario. Estos incentivos se han introducido en otros países europeos. “Incluso aquellos que, como Francia, tratan de reducir al máximo los incentivos de tipo fiscal en su sistema ”, afirma el informe.

Consideran necesario que el Gobierno introduczca una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las actividades de adquisición o rehabilitación dirigidas a mejorar la eficiencia energética del parque de viviendas, así como las actuaciones de rehabilitación necesarias para la conservación de los edificios.

El informe, del que es autora Sofía Borgia Sorrosal , profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, no obstante, considera que esta deducción debería tener una fecha de caducidad teniendo claros los objetivos que se pretenden como son: la reactivación del sector de la construcción, la rehabilitación y regeneración urbanas y la mejora de la eficiencia energética. Así, la nueva deducción debería tener una vigencia de entre seis y diez años, como ocurre con los incentivos introducidos en otros países europeos. “Proponemos la introducción de una deducción porque, a pesar de suponer un menor ingreso en el impuesto, acarrea un gasto de gestión mucho menor que el asociado a las subvenciones y ayudas directas”, explica Sofía Borgia.

Para que la introducción de esta deducción adquiera coherencia, el legislador debería unificar el concepto de “rehabilitación existente en los diversos tributos de nuestro sistema impositivo y alinearlos asimismo con lo previsto por la legislación urbanística”, indica el informe de la Fundación. Y finalmente, propone que, como ocurre en Italia, se introduzca un fuerte incentivo fiscal a la adquisición de viviendas de clase energética A o B. La deducción en el RPF del 50 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) pagado por el comprador de ese tipo de vivienda supondría un impulso al sector inmobiliario e iría en la línea de los objetivos de la UE 2020.

Apuesta también por la introducción de una rebaja impositiva por la ganancia patrimonial, puesta de manifiesto, cuando el inmueble transmitido se haya rehabilitado previamente o se sitúe en una zona objeto de rehabilitación desde el punto de vista administrativo. Sobre las ganancias de capital obtenidas por la venta de propiedades ubicadas en Áreas de Renovación Urbana, abogan por que tributen a un tipo especialmente reducido. Este incentivo sería aplicable, con fecha de caducidad, a bienes raíces que hayan sido rehabilitados después del 1 de enero de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Otros impuestos

Con respecto al IVA pagado en las obras de rehabilitación, se muestran partidarios de rebajar el actual tipo del 10 por ciento e introducir uno más bajo para estas actuaciones como ocurre en Francia.

De forma similar a estos países, consideran que se debería introducir un IVA del 6 por ciento para todos los trabajos de rehabilitación de vivienda e instalación o adopción de determinadas medidas encaminadas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas.

En la misma línea medioambiental defienden los beneficios de introducir en la Ley de Haciendas Locales una bonificación, no potestativa, para viviendas con certificación de eficiencia energética, bien porque han sido construidas cumpliendo la normativa preceptiva o porque se han realizado obras que les han permitido adquirirla.

Así, se impulsaría la adaptación e instalación de elementos necesarios para alcanzar esa certificación