Los empresarios detectan en las CCAA más presión y descoordinación fiscal

Los empresarios y directivos de compañías nacionales e internacionales consideran que la reforma fiscal y la de la Ley General Tributaria no van a suponer una mejora ni de la conflictividad ni de la seguridad jurídica. Un 70% cree, además, que la presión fiscal sigue siendo alta o muy alta. Así se refleja en el Consenso Fiscal, correspondiente al segundo semestre de 2015, elaborado por PwC Tax & Legal Services, a partir de la opinión de un panel de 498 encuestados. Las preguntas sobre los efectos de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 24 de mayo reflejan una opinión mayoritaria –63%– de quienes creen que van a suponer un aumento de la carga impositiva. A su vez, un 65% considera que no se va a producir una mayor armonización de la fiscalidad autonómica y local.

Llama la atención que a pesar de la entrada en vigor en enero de la reforma fiscal y de la nueva Ley General Tributaria el 12 de octubre, empeora significativamente la percepción sobre la seguridad jurídica en la aplicación de los tributos; la actitud de la Administración en las inspecciones; el nivel de conflictividad, y la incidencia negativa del sistema tributario en la inversión e internacionalización de las empresas.

A su vez, también aumentan las críticas sobre la complejidad del sistema tributario; la actitud favorable de los Tribunales hacia la Administración; la influencia negativa del sistema tributario en el emprendimiento, y el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El Consenso Fiscal ha incluido en esta edición preguntas sobre los efectos de las recientes elecciones autonómicas y municipales. La opinión mayoritaria es crítica con la política fiscal de los nuevos gobiernos locales y autonómicos. Como ejemplo de lo ocurrido podría ponerse la subida del Impuesto de Patrimonio en la Comunidad Valenciana o el nuevo Impuesto del Turismo Sostenible de Baleares, que además sube el tramo autonómico del IRPF, disminuye el mínimo exento de Patrimonio e incrementa Sucesiones y Donaciones e ITP. En lo que respecta a los ayuntamientos, Madrid sube el IBI, ICIO e IAE a las empresas y Barcelona intenta aprobar más alzas fiscales.

Respecto a la reforma fiscal, el 48% de los empresarios considera que no logrará sus objetivos de impulsar el crecimiento económico, el ahorro y la competitividad. Tampoco entienden los panelistas que vaya a mejorar la equidad del sistema tributario ni la lucha contra el fraude, según asegura el 57%. Además, el 70% los directivos opina que la presión fiscal es alta o muy alta, sólo seis puntos menos que el año pasado.

Preguntado por la reforma de la Ley General Tributaria, el 62% señala que puede incluso aumentar la conflictividad de nuestro sistema fiscal. De la misma manera, un 50% estima que contribuirá a disminuir la seguridad jurídica. Además, sus efectos sobre el fraude fiscal serán, para una mayoría del 53%, indiferentes, y un 4% opina que aumentará.

Entrando en detalle en el sistema tributario recientemente reformado, el 89% de los empresarios constata que la presión sobre las rentas del trabajo es alto o muy alta. En lo que no hay consenso es en el nivel de la fiscalidad indirecta, ya que un 56% señala que es alta o muy alta y un 44% opina que es baja.

En suma, el 94% de los encuestados considera que la conflictividad tributaria sigue siendo alta o muy alta, y el 61%, que se aplican los tributos con muy poca seguridad jurídica. El 63% del panel asegura que el sistema no favorece la inversión empresarial, mientras que el 54% apunta que el sistema no favorece la internacionalización, cifra que en 2014 estaba en el 24%.

Para Alberto Monreal, socio de PwC Tax & Legal Services, “sigue pendiente crear un entorno jurídico que favorezca la aparición de un modelo de relación con los contribuyentes más cercano al propugnado por la OCDE y definido como cumplimiento cooperativo y no basado en el procedimiento de inspección”. Monreal atribuye las críticas a “la subida de impuestos que han sufrido las empresas en la legislatura, que en lo relativo al recorte e deducciones permanece”.