Los morosos que deban más de 600.000 euros aparecerán en la lista de Hacienda

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, que reforma la Ley General Tributaria con el fin de endurecer los criterios de la lista de morosos y rebajar el límite para operar en efectivo (ver información adjunta), y que incluye una catarata de medidas como un incremento de la tributación de inmuebles en Patrimonio, Sucesiones e ITP y un golpe fiscal a los seguros unit linked, que tributarán en Patrimonio. La norma, que validó el cónclave ministerial en primera lectura en la anterior legislatura de Pedro Sánchez, en octubre de 2018, estaba pendiente de recibir informes preceptivos como el del Consejo de Estado.

Hacienda espera recaudar 828 millones de euros al año con esta norma, cifra que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajado a menos de la mitad. Lo cierto es que la norma reúne medidas de calado en lo relativo a la fiscalidad internacional y que afectan a las criptomonedas, sobre las que introduce un mayor control, y al softwarede doble uso.

Así lo anunció la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que destacó que la lucha contra el fraude fiscal es una “prioridad” del Ejecutivo porque “no hay justicia social ni tributaria si algunos pretenden eludir sus compromisos y obligaciones que tienen el resto”.

Montero subrayó que con el proyecto de la ley, remitido ya al Congreso, se pretende luchar contra el fraude fiscal, ya que genera “competitividad desleal” entre áreas de actividad económica y el deterioro de la recaudación para blindar los servicios públicos, e instaurar la “tolerancia cero” contra cualquier práctica fraudulenta.

INGENIERÍA FISCAL

Según Montero, la norma pone el foco en las fórmulas de fraude “más avanzadas y complejas”, que requieren de ingeniería, al tiempo que intensifica la labor de la Agencia Tributaria (AEAT), que recaudó el año pasado 15.715 millones en lucha contra el fraude fiscal, un 4,1% más, tras focalizar en grandes patrimonios y grandes multinacionales digitales. Así, recordó que la AEAT liquidó una deuda a grandes patrimonios por 608 millones más, un 75% más, con un alza en sus bases imponibles del 16%.

El texto incluye medidas que llegó a anunciar el predecesor de Montero, Cristóbal Montoro. Entre ellas, se rebaja de un millón a 600.00 euros el umbral cuya superación conlleva la inclusión en el listado de morosos, y se incorporarán a la lista los responsables solidarios, empresarios y directivos detrás de sociedades que aparecen como morosas. El anteproyecto modifica los impuestos sobre el Patrimonio, de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) y de Sucesiones y Donaciones para establecer que se tributará por el valor de mercado de los inmuebles y no por el real como hasta ahora. Esta medida puede tener un importante efecto recaudatorio para Hacienda y suponer una subida de la tributación de los inmuebles.

Según los expertos consultados, el efecto será más reseñable en Patrimonio. En el resto de tributos, la Administración ya venía exigiendo este valor, según han establecido varias sentencias. En Patrimonio, se podía elegir entre tres valores, lo que llevaba a consignar valores por debajo de mercado.

El Gobierno explica que el valor de referencia es distinto del valor catastral y por ello, esta norma no afecta “en modo alguno” a los impuestos que usan el valor catastral como base imponible, como el IRPF, el IBI o la plusvalía municipal. Hacienda justifica este cambio en “la elevada litigiosidad existente en la valoración de los bienes y derechos afectados por ITP y AJD, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y para dar “seguridad jurídica”. Y recuerda que este nuevo uso del valor de referencia cuenta con el apoyo de las comunidades autónomas, cuyos ingresos por la tributación de inmuebles se desploman, de forma “unánime”, y es fruto del consenso alcanzado en el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria.

Además, la norma golpea la fiscalidad de los seguros de vida unit linkedy les hace tributar en el Impuesto sobre el Patrimonio. Se trata de un giro radical en la doctrina que fijó Hacienda con Cristóbal Montoro, ya que la Dirección General de Tributos, el brazo legislativo del Fisco, estableció en 2017 que estos seguros estaban exentos en Patrimonio. El anteproyecto modifica la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, para evitar “que se pueda eludir la tributación por los seguros de vida-ahorro cuyo contenido patrimonial es indudable”, dice la Exposición de Motivos de la norma.

Asimismo, el anteproyecto endurece el impuesto de salida o exit tax en el Impuesto sobre Sociedades. Así, las empresas que se vayan a otro Estado miembro de la UE o a un país que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) deberán pagar por sus plusvalías latentes y se les permite fraccionar el pago durante cinco años. Hasta ahora, debían hacerlo las sociedades que se iban a un Estado tercero y, en el caso de que fuera a la UE, el pago sólo se producía en la fecha de la transmisión a terceros de los elementos patrimoniales afectados. Sin embargo, la Directiva lo que prevé es un derecho del contribuyente a fraccionar el pago del impuesto de salida a lo largo de cinco años cuando el cambio de residencia se efectúe a otro Estado miembro o un tercer país que sea parte en el Acuerdo sobre el EEE.

Fuente: EXPANSION