Menos paraísos fiscales: 15 territorios son excluidos de la ‘lista negra’ de Hacienda

Los paraísos fiscales son el sueño de cualquier millonario. Un lugar en el que fijar la residencia sin abonar apenas impuestos. O también en el que ocultar a los ojos de Hacienda una fortuna amasada a golpe de corruptelas, comisiones ilegales o delitos de diverso tipo. Algunos deportistas de élite están integrados en el primer grupo. Entre ellos, Fernando Alonso, Alberto Contador, Dani Pedrosa o Marc Márquez. Este último, bicampeón del mundo de MotoGP, cobra 10 millones por temporada con Honda. Al trasladarse a Andorra sólo pagará 30.000 euros al fisco. En Cataluña serían cinco millones. En el segundo bloque figuran ilustres imputados como Luis Bárcenas, extesorero del PP, o el clan Pujol.

Los países a los que España considera paraísos fiscales aparecían en una lista cerrada, recogida en un decreto en vigor desde 1991. Sumaban 48. Una posterior regulación, de 2003, abría la puerta para abandonar esa condición si se cumplían alguno de los dos siguientes requisitos: la firma de un convenio para evitar la doble imposición o el intercambio de información. En ese periodo, quince territorios repartidos por todo el mundo han dado esos pasos, según concluye un reciente informe de la Dirección General de Tributos que actualiza el mapa anterior. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda los ha sacado de hecho de su 'lista negra'. El documento no legaliza la ocultación de dinero en esas zonas: tener dinero en ellas sigue siendo delito si no se ha declarado al fisco nacional o su origen es inconfesable. Solo intenta resolver las dudas que puedan existir entre empresas e inversores a la hora de aplicarse algunas deducciones con la nueva reforma tributaria, ya que una exigencia para hacerlo es que la jurisdicción a la que están sujetas sus actuaciones no sea un paraíso fiscal.

Los territorios afectados por esa medida son Andorra -uno de los destinos elegidos por Jordi Pujol y su familia para ocultar un millonario patrimonio de origen sospechoso-, Antillas holandesas, Aruba, Chipre, Emiratos Árables, Hong Kong, Bahamas, Barbados, Jamaica, Malta, Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Panamá, San Marino y Singapur. Siguen en la lista Gibraltar, las Bermudas o Lietchtenstein, entre otros.

El documento de la Dirección General de Tributos, aparte de aclarar a efectos fiscales qué zonas son paraísos y cuáles no, fija nuevos criterios -más exigentes- sobre los requisitos que habrá que cumplir a partir de ahora para abandonar la 'lista negra'. Ya no bastará con sellar con ese país o territorio un acuerdo para evitar la doble imposición internacional. Además, deberá existir un efectivo intercambio de información y se tendrán en consideración los resultados de las evaluaciones 'inter pares' del Foro Global de Transparencia.

La actualización de la 'lista negra' tiene en cuenta esos criterios desde el pasado 1 de enero. Su revisión ya no es automática según se vayan cumpliendo, sino que deberá realizarse de forma expresa. La última palabra será la de Hacienda.

Trato privilegiado a los extranjeros

Un paraíso fiscal es un país o territorio que exime del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. Por así decirlo, conviven dos sistemas fiscales diferentes: mientras los ciudadanos y empresas residentes están obligados a abono de tributos como en cualquier otra parte del mundo, los extranjeros gozan de una exención muy elevada, e incluso total, según los casos. Estas políticas se aplican con el objetivo de atraer divisas extranjeras para fortalecer la propia economía. En su mayoría se trata de pequeños países que cuentan con escasos recursos naturales o industriales y que utilizan esta alternativa como una herramienta para generar ingresos que les permitan mantener su actividad. En estas áreas se esconde alrededor de una cuarta parte de la riqueza mundial, según algunos estudios.

Su propia existencia constituye un escándalo mayúsculo, ante el que las grandes potencias no acaban de actuar con medidas concertadas por sus intereses encontrados.