Trabajo quiere acceso directo al registro horario de las empresas

El Gobierno aumentará la presión sobre las empresas para que cumplan el horario laboral y no abusen de las horas extraordinarias. Así, el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, comunicó ayer a la patronal y a los sindicatos su propuesta para cumplir este objetivo: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe tener acceso directo, y de manera remota, al registro horario de las empresas de más de 50 trabajadores, para luchar contra el fraude en el cumplimiento de la jornada laboral y reducir el abuso en la utilización de las horas extraordinarias .

Pérez Rey hizo este anunció en una nueva reunión del diálogo social para reducir la jornada semanal, por ley y para 2025, desde las 40 horas actuales a las 37,5 horas. El Gobierno estima que 12 millones de trabajadores pueden beneficiarse de la medida.

El secretario de Estado dijo que "es imprescindible para evitar que los asientos se puedan alterar o manipular por el empresario o por otro sujeto" que la Inspección de Trabajo pueda acceder directamente al registro de las empresas. De esta forma, Trabajo quiere garantizar la "integridad, la transparencia y el control" de la jornada laboral en las empresas. Incluso, el Gobierno reformará el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, o redactará un artículo 34 bis, para conseguir una reducción de la jornada de manera escalonada: hasta las 38,5 horas para 2024, con el objetivo de llegar a las 37,5 horas en 2025.

Una deuda con Europa

"España tiene una deuda con la Unión Europea y, en concreto, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos pide que el registro [horario] sea accesible, fiable y transparente y, por lo tanto, hemos trasladado a los interlocutores sociales cuáles son los elementos que hacen que el registro horario cumpla estas exigencias que derivan de la Unión Europea", dijo el responsable de Trabajo.

Además, comunicó a los interlocutores sociales la necesidad de reforzar las sanciones a las empresas por el incumplimiento del tiempo de trabajo. Su objetivo es que las sanciones "sean eficaces y suficientemente disuasorias para las conductas que ponen en peligro el cumplimiento íntegro de las normas de jornada". En este sentido, Pérez Rey anunció que estudiará que las sanciones no se produzcan por empresa, sino por cada trabajador. Es decir que, en su cuantía máxima, que es de 225.000 euros, se pueda multiplicar por cada trabajador que por decisión de la empresa sobrepasa el horario laboral y el límite legal de las horas extraordinarias anuales. Ahora está en ochenta horas.

Además, Pérez Rey explicó que la reducción de la jornada se realizará garantizando el cómputo anual de la misma para garantizar la flexibilidad en la aplicación de esta reducción, tanto para empresarios como para trabajadores.

La jornada anual

Así, habrá dos referencias en la ley: la jornada semanal y la jornada en cómputo anual, pues la mayor parte de los convenios contemplan la jornada en términos anuales. Esta es una demanda de los empresarios, porque dar mayor flexibilidad a las empresas.

El Gobierno enviará en los próximos días a la patronal y a los sindicatos una propuesta escrita sobre la reducción de la jornada laboral, con el fin de centrar la negociación.

Fuente: www.expansion.es