La DGT aclara el alcance de la nueva ley en la inversión indirecta en sociedades inmobiliarias cotizadas. Exime a estas participaciones del Impuesto de Patrimonio y del nuevo sobre grandes fortunas. "No están en territorio español", dice.
Alivio entre los inversores extranjeros con la nueva aclaración de Hacienda. La Dirección General de Tributos (DGT) ha interpretado, a favor del contribuyente, el alcance en la inversión indirecta en sociedades inmobiliarias cotizadas de la reforma que introdujo el nuevo impuesto a grandes fortunas. Tributos exime a estas participaciones del Impuesto sobre el Patrimonio y del propio Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF).
La DGT zanja así las dudas interpretativas que surgieron tras la aprobación, el pasado 27 de diciembre, de la Ley 38/2022 que creaba el impuesto a grandes fortunas. Entre las reformas que introdujo esta normativa, cambió el artículo 5.Uno.b) de la ley de Patrimonio, lo que ampliaba el concepto de bienes localizados en territorio español en el ámbito de la obligación real de contribuir.
De acuerdo con la nueva redacción, los valores representativos de los fondos propios de cualquier tipo de entidad no negociados en mercados organizados, cuyo activo estuviera constituido en al menos el 50%, de forma directa o indirecta por bienes inmuebles situados en territorio español, se calificaban como bienes situados en territorio español. En consecuencia, las personas físicas no residentes titulares de estos valores adquirían la condición de sujetos pasivos del Impuesto sobre el Patrimonio y del ITSGF.
Las dudas de los fiscalistas se acrecentaron durante todo este primer año de aplicación. La norma no aclaraba el alcance de la exclusión para los valores negociados en mercados organizados, y si ésta debía entenderse como absoluta o, por el contrario, se aplicaba únicamente cuando la inversión en los valores cotizados era directa.
"Una interpretación sesgada de la amplia redacción de la nueva norma hubiera conducido a gravar bajo el Impuesto sobre el Patrimonio o, en su defecto, por el ITSGF, la práctica generalidad de los inversores no residentes en valores representativos de sociedades extranjeras con sustrato inmobiliario en España", señala David Vilches, abogado de Uría Menéndez. La firma es la que ha llevado este asunto a Tributos. "Como es natural, una interpretación de este tipo abría la puerta a cuestionables situaciones de tributación. Por ejemplo, pensemos en el caso de inversores no residentes que, sin guardar ningún vínculo con España, participasen en vehículos extranjeros cuyo activo pudiera estar compuesto, mayoritariamente, por participaciones en sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi)", añade.
La respuesta de Tributos a través de la consulta vinculante sobre este asunto es "una sensata interpretación", según Vilches. La resolución determina que, de acuerdo con la nueva regla del artículo 5.Uno.b) de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio , no se entenderá localizada en territorio español la participación directa en una sociedad cotizada de la que sea titular un inversor extranjero ni tampoco la participación en una entidad no residente cuyo activo esté compuesto, al menos en un 50%, por bienes inmuebles radicados en territorio español a resultas de su inversión en una sociedad cotizada en un mercado organizado. "Es decir, cuando la participación en la sociedad cuyos valores están admitidos a negociación tenga lugar de manera indirecta por el inversor no residente y con independencia del nivel en el que aquella se sitúe en la estructura societaria. La razón es que la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio establece como requisito que la participación sea sobre valores no cotizados en un mercado organizado", explica Carmelo de Andrés, abogado de Uría Menéndez, que también ha participado en este asunto.
"Este criterio de la DGT abre un escenario muy positivo para la inversión inmobiliaria en España a través de sociedades cotizadas, aportando certeza a los inversores no residentes sobre su no sujeción al Impuesto sobre el Patrimonio o al ITSGF", considera de Andrés. "Carecería de sentido que aquellos inversores no residentes que participan en los fondos propios de una entidad cotizada titular directa de inmuebles en España no estuviesen sujetos, y que si lo estuviesen quienes invierten en estas sociedades inmobiliarias indirectamente a través de cualquier vehículo de inversión cotizado", añade.
El texto de la consulta de Tributos es claro. "En la medida en que la entidad en la que participa indirectamente el consultante es una entidad cuyos valores están admitidos a negociación en un mercado organizado, este Centro Directivo entiende que no se cumplen las condiciones previstas en el artículo 5.Uno.b) de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio , por lo que las participaciones de las que es titular directo el consultante no se entenderían situadas en territorio español, no estando sujeto este al Impuesto sobre el Patrimonio en España por obligación real por la titularidad de dichas participaciones", afirma.
También deja claro que sucede lo mismo con el nuevo impuesto a grandes fortunas. "En lo relativo al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, en la medida que el artículo 3.Cinco de la Ley 38/2022, se remite a la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio en lo relativo al sujeto pasivo, el consultante tampoco estará sujeto al ITSGF por obligación real por la titularidad de las participaciones en la entidad", que, en el caso estudiado por Tributos, es una sociedad radicada en México.
Nuevo espaldarazo del órgano consultivo al contribuyente
La nueva consulta de la Dirección General de Tributos (DGT) se suma a una serie de interpretaciones a favor del contribuyente por parte de este órgano consultivo en los últimos meses. Hace apenas semanas, Tributos emitió otra consulta que facilita las fusiones y reestructuraciones. Esta resolución, adelantada por EXPANSIÓN, subraya que no existe ventaja fiscal por el mero diferimiento de rentas en operaciones de reestructuración empresarial. Hasta ahora, la Inspección de la Agencia Tributaria comprobaba sistemáticamente este tipo de operaciones. Uno de los focos de actuación han sido las operaciones de aportación de acciones o participaciones a una sociedad holding por parte de una persona física. Se trata de una operativa habitual que, por ejemplo, aparece señalada como una de las actuaciones tipo a vigilar en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2023 de la Agencia Tributaria. Por otra parte, en otra reciente consulta vinculante, Tributos recupera las exenciones en las transmisiones de las renovables. Así, ha confirmado las exenciones en el Impuesto sobre Sociedades (IS) sobre ganancias de capital en la transmisión de sociedades constituidas como marco de la inversión en proyectos de energías renovables, las llamadas SPV. La DGT elimina su antiguo criterio, que negaba el acceso a la exención a la transmisión de participaciones cuando la entidad solo había desarrollado actividades preparatorias pero no había comenzado efectivamente el desarrollo de la actividad. Los fiscalistas consideraban que el antiguo criterio de Tributos era demasiado débil. La doctrina sostenía que las actuaciones preparatorias para la actividad no suponían su inicio material.
Fuente: www.expansion.es
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