Ultimátum a Montoro para que suavice las multas por ocultar activos en el extranjero

La Comisión Europea dio ayer un paso más contra la severidad de las sanciones que el Gobierno español ha establecido para aquellos ciudadanos que no declaren al Fisco sus activos en el extranjero o lo hagan fuera de plazo o con datos parciales o falsos. La institución amenaza con llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si en un plazo de dos meses el Gobierno no suaviza el régimen de sanciones.

Según el Ejecutivo comunitario, las multas del conocido como Modelo 720 son desproporcionadas si se comparan con las que se imponen por estas mismas situaciones pero cuando los activos están en España.

Por ello, la Comisión envió ayer un dictamen motivado a España pidiéndole la modificación de sus normas en este ámbito. “De no recibirse una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión puede llevar a España ante el TJUE”, advierte la institución en un comunicado.

Desde el año 2013, es obligatorio declarar todos los activos superiores a 50.000 euros que un contribuyente español tenga en el extranjero. En caso de no declararse o de hacerlo de forma errónea, incompleta o con datos falseados, Hacienda contempla multas de 5.000 euros por dato omitido, obliga a tributar al tipo marginal del IRPF y sobre ese resultado impone una sanción del 150% más intereses. Además, la infracción no prescribe.

“La Comisión considera que España tiene derecho a exigir a sus contribuyentes que notifiquen a las autoridades determinados activos que mantienen en el extranjero, pero las multas impuestas en caso de incumplimiento son desproporcionadas”, asegura el Ejecutivo europeo en su nota de prensa.

Aunque el texto publicado ayer no lo menciona expresamente, fuentes comunitarias explican a EXPANSIÓN que Bruselas está preocupada tanto por la severidad de las multas como por la imprescriptibilidad de la infracción, algo que en el Código Penal español solo reserva a casos muy extremos, como el genocidio.

Lo que preocupa en Bruselas es que la normativa disuada “a las empresas y a los particulares de invertir en el mercado único o desplazarse por él. Por ello, estas disposiciones son discriminatorias y entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE”.

Tras recibir varias denuncias, la primera del bufete DMS Consulting, que fue admitida a trámite en marzo de 2013, la Comisión abrió formalmente este expediente en noviembre de 2015, pero al no recibir respuestas satisfactorias de España –que ha dilatado el proceso pidiendo más plazos para presentar alegaciones–, ha decidido dar un paso más en el procedimiento de infracción. Aunque el Gobierno ha estado en funciones durante buena parte del año 2016, esto sería sólo un atenuante. Si Bruselas ha decidido seguir adelante con el proceso es porque no ha visto predisposición del Gobierno español para arreglar la situación sin esta medida extra de presión, explican fuentes comunitarias.

De hecho, hasta ahora Hacienda sólo ha admitido de forma oficiosa que no impondrá las multas del 150% si el contribuyente presenta el Modelo con declaraciones complementarias motu proprio, lo que no está reflejado en ninguna norma o consulta.

Hacienda no se pronunció ayer sobre el dictamen motivado. Fuentes de la Agencia Tributaria (AEAT) han manifestado en varias ocasiones su preocupación con este expediente, que puede afectar a numerosas actuaciones.

‘Caso Rato’

Según los últimos datos disponibles, Hacienda ha abierto actas y liquidado un importe de 840 millones de euros de una deuda instruida de 1.100 millones, tras realizar 8.800 actuaciones inspectoras entre los contribuyentes que han declarado patrimonio en otros países. La cuota media liquidada por estas actuaciones es de más de 246.000 euros por expediente. El Fisco investiga además a otros 7.000 contribuyentes por no haber presentado la declaración o haber omitido datos y les ha impuesto 436 sanciones. En suma, lo ingresado por las inspecciones del Modelo 720 supone ya el 8,6% de las actuaciones de control de la lucha contra el fraude.

A esto se añade que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha apoyado las acusaciones del Fisco contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en la información que proporcionó el Modelo 720. Cuando en abril de 2015 se produjo la detención y registro del domicilio y despachos del exministro de Economía, Montoro quitó importancia a las informaciones que apuntaban a que se investigaba a Rato por blanqueo a partir de la declaración de la amnistía fiscal que presentó, y aseguró que el caso, que sigue instruyendo el juez Antonio Serrano-Arnal, se sustentaba en la declaración de bienes en el extranjero.

El importe de los bienes declarados en el extranjero por primera vez supera los 141.000 millones. En la declaración de 2015, presentada a principios de 2016, se reconocieron 97.774,7 millones por parte de 162.796 declarantes, a razón de 600.696 euros por contribuyente de media. Más de un tercio del saldo global se concentra en Suiza (20.200 millones) y Luxemburgo (13.500 millones). El desglose es de 44.000 millones en acciones, 20.200 en fondos, 18.300 en cuentas, 11.600 en inmuebles y 3.600 en seguros.